Unión Progreso y Democracia (UPyD), el partido liderado por Rosa Díez, ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Cuentas en la que acusa al Ayuntamiento de Rivas de no seguir «los procedimientos legales sobre contratación, en los que además hubo ‘falta de control’ interno y dejación de responsabilidades por parte de la intervención municipal», en referencia al procedimiento seguido por la Corporación ripense en varios casos relacionados con la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas.
La denuncia, formalizada esta mañana, hace alusión a los aspectos que el informe de noviembre de 2013 emitido por la Cámara de Cuentas indicaba como irregulares en la contabilidad municipal, y que han sido ampliamente informados en los últimos meses por los medios de comunicación locales y nacionales. Entre ellos, el de la minusvaloración de unos terrenos cedidos a la EMV (de gestión privada), que habría supuesto un «desajuste contable de más de 20 millones de euros».
La novedad que introduce UPyD en su denuncia estriba en el hecho de considerar a la comisión de investigación municipal que estudió estas irregularidades, como un instrumento para «resolver luchas internas de poder» en el grupo local de IU, pero considera que «no ha arrojado luz sobre los desajustes contables». Ana Belén Castell, representante de UPyD en Rivas, valora en unas declaraciones a la agencia Europa Press que los trabajos de la comisión «se cerraron en falso» porque los dos sectores de IU Rivas enfrentados «cerraron filas en torno al Alcalde, José Masa».
UPyD asegura que no quiere «participar en el encubrimiento de hechos tan graves como los que han sucedido». «Ante ésta situación», remachan en la formación política, «la única vía de actuación que le queda a un partido político serio es acudir a los Tribunales y dejar la investigación de los hechos en manos de la Justicia».
La denuncia presentada ante el Tribunal de Cuentas seguiría ahora un camino tortuoso, por cuanto ese organismo sólo tiene capacidad fiscalizadora, pero sin funciones judiciales. Sólo en caso de que hiciesen un examen del informe de la Cámara de Cuentas de Madrid en el que se mencionan las presuntas irregularidades, con más atención de la que hayan podido poner de oficio al recibirlo directamente del organismo madrileño, y siempre y cuando detectaran indicios suficientes de delito, el Tribunal de Cuentas podría trasladar las acciones oportunas a la Fiscalía Anticorrupción.
