La Asamblea de Madrid ha decidido hoy que una mesa formada por técnicos de la Comunidad de Madrid y de las asociaciones vecinales de la Cañada Real sea la encargada de decidir qué viviendas permanecen y cuáles son derribadas en este asentamiento ilegal, atendiendo a un plano que refleja las limitaciones urbanísticas.
En la decisión han participado también representantes de los tres ayuntamientos afectados -Madrid, Rivas Vaciamadrid y Coslada-, junto con portavoces de las asociaciones de vecinos de la Cañada, que se han mostrado en desacuerdo con el mapa edificable presentado por la Comunidad.
Este documento, publicado en el mes de diciembre, apunta a que el 20 por ciento del asentamiento es edificable, lo que implicaba que el 80 por ciento de las viviendas serían derribadas al contravenir limitaciones por ruido, acuíferos, zonas protegidas, o cableados de alta tensión, entre otras.
Por su parte, desde la asociación de vecinos del sector IV han rechazado el actual borrador del plazo, porque opinan que conllevaría el derribo del total de las viviendas para realojar a los vecinos.
En la Cañada Real, que se extiende a lo largo de 16 kilómetros, viven en la actualidad más de 8.000 personas de 30 nacionalidades distintas distribuidos en seis sectores, de los cuales el más conflictivo por su conexión con la droga es el sexto
