Un 58% de familias con personas con discapacidad intelectual o del desarrollo indica que la COVID-19 está teniendo un fuerte impacto emocional, según una encuesta de Plena Inclusión Madrid. Las familias «necesitan servicios de respiro y que las personas con discapacidad intelectual puedan recuperar paulatinamente sus actividades cotidianas y sociales».
Una de cada tres familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo afronta la actual situación de la COVID-19 con sobrecarga, estrés y grandes dificultades emocionales, y que se agrava en las que son monoparentales, según una encuesta realizada por Plena Inclusión Madrid y en la que han participado 1.052 personas
En dicha encuesta, realizada la pasada semana, un tercio de las personas encuestadas indica que se ha adaptado bien a la situación. No obstante, el 81 por ciento expresa su necesidad de que se retomen las actividades para personas con discapacidad. Asimismo, muchas de ellas precisan de servicios de respiro, y 4 de cada 5 que asisten a recurso escolar, requieren refuerzo en este sentido.
Impacto económico y laboral
Un 43 por ciento de las familias encuestadas se ha visto “bastante” o “muy afectado” económicamente por la crisis de la COVID-19. Un 30 por ciento indica que han aumentado sus gastos familiares, cifra que se eleva hasta el 40 por ciento en el caso de los monoparentales. Una de cada ocho familias manifiesta encontrarse en una situación económica preocupante.
En este sentido, es preciso recordar que, en condiciones de normalidad, las familias de personas con discapacidad parten con una situación de desventaja económica ya que la renta media de sus hogares es un 25 por ciento menor que la media, y afrontan un sofreesfuerzo económico medio anual de 24.237 €, que puede alcanzar los 47.129 € en el caso de personas con más necesidades de apoyo (Estudio sobre esfuerzo económico realizado por Plena Inclusión España).
Peor situación laboral
En el ámbito laboral, en el 37 por ciento de los casos la situación ha empeorado: una de cada cinco personas está en situación de ERTE. Además, un 12 por ciento son autónomos con lo que han reducido o perdido sus ingresos.
En lo relativo a la conciliación, la intensidad y la frecuencia de los apoyos que requieren las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo ha obligado a que uno de cada cuatro familiares haya dejado su trabajo o reducido su jornada para poder hacer frente a los cuidados de su familiar con discapacidad intelectual o del desarrollo.
De las personas que están trabajando, presencial o telemáticamente, 3 de cada 5 manifiestan dificultades para conciliar los ámbitos familiar y laboral.
Clima familiar
El clima familiar es el que más resultados positivos arroja. Dos de cada tres declara vivir esta situación “razonablemente bien”, un 5 por ciento lo califican de complicado y un 9 por ciento considera que la continuidad en el tiempo de las medidas previstas por la situación dificulta la convivencia al aumentar la tensión y el cansancio.
La encuesta sobre el impacto de la COVID-19 a las familias de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo refleja la incertidumbre de cómo esta situación les afectará en el futuro. Muchas de ellas viven con ansiedad el momento en el que deban reincorporarse a sus puestos de trabajo en el que caso de que no coincida en el tiempo con la vuelta a las rutinas de su familiar con discapacidad intelectual.
Los mayores impactos familiares que refleja la encuesta se producen además en aquellas familias con personas con discapacidad intelectual de 0 a 21 años, en edad escolar o en tratamientos de atención temprana.
