Los sindicatos mayoritarios hacen público un comunicado conjunto en el que muestran su «consternación por el trágico suceso ocurrido el día 2 de agosto en Arganda del Rey al caer un trabajador de 56 años desde la cubierta de la nave en la que se encontraba», alertan sobre la «evolución de la siniestralidad en nuestra Región» y sitúan la principal causa de la misma en el «aumento de la precariedad, la temporalidad, el trabajo intensivo, contratos a tiempo parcial, y la externalización de actividades que se está generalizando en todos los sectores».
Los sindicatos madrileños de UGT y CCOO entienden que estos factores constituyen una «lacra que afecta de manera muy grave a los trabajadores» y recuerdan que hasta el pasado mes de junio «han perdido la vida treinta trabajadores y se han producido 47.000 accidentes en el trabajo».
La situación laboral actual refleja, según el comunicado, «el deterioro de las condiciones de trabajo con un aumento de la precariedad, la temporalidad, el trabajo intensivo, contratos a tiempo parcial, y la externalización de actividades que se está generalizando en todos los sectores». Todas ellas «a consecuencia de la Reforma Laboral, que venimos reivindicando que sea derogada». La debilitación de la Negociación Colectiva supone, para los sindicatos, dejar «indefensos a los trabajadores y trabajadoras viéndose obligados a aceptar condiciones de trabajo que ponen en riesgo su salud física y psicológica, generalizándose el miedo a perder el puesto de trabajo si reclaman el cumplimiento de la Legislación».
Ante esta situación, UGT y CCOO exigen al Gobierno:
• La Derogación de la Reforma Laboral.
• El cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y su normativa de desarrollo.
• Combatir las primeras cusas de la siniestralidad en las empresas: la temporalidad, la precariedad, la subcontratación, la desigualdad, la ausencia de formación y la falta de implantación de la prevención de riesgos laborales en las pequeñas empresas.
• Exigir una mayor dotación de recursos humanos y materiales en los Organismos públicos para realizar actividades de control del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales, la lucha contra el fraude fiscal y la economía sumergida.
El comunicado sindical concluye reflexionando que «No es posible tener una sociedad decente si el trabajo no es digno, y el trabajo no puede ser digno si nos lleva a la muerte».
