La entidad cree que la apuesta del Gobierno por integrar a personas con necesidades especiales en la educación estándar va en contra de los intereses de éstas. Pide al Gobierno que paralice la tramitación y que se comprometa a reunirse con los diferentes representantes de entidades de educación especial.
SuresTEA emitió este viernes un comunicado oficial ante «las noticias que se han dado a
conocer desde diferentes medios de comunicación sobre la reactivación de los plazos
de tramitación de la LOMLOE en la situación actual, declarado el estado de alarma, con
una total falta de transparencia y diálogo por parte del gobierno ante una ley educativa
muy sensible por los términos que se quieren aprobar».
Para SuresTEA, si bien se ha modificado la disposición cuarta adicional, «su ambigüedad en la nueva redacción sigue generando muchas dudas sobre las verdaderas pretensiones del gobierno». La entidad sigue mostrando su rechazo a la LOMLOE debido a «La poca intención en redactar una ley clara, concisa y apostando por las dos modalidades, la educación ordinaria y la educación especial».
El comunicado explica que «Entendemos que hace falta mucha comunicación, profundidad y sosiego ante este tema tan delicado y trabajarlo ahora mismo es un grave error debido a las circunstancias que se están viviendo con el Covid-19. Que el gobierno no quiera tener en cuenta a las familias que se encuentran en educación especial demuestra que no las tienen en consideración, coartando su defensa al no estar vigentes los derechos a manifestación por la vigencia del estado de alerta y demostrando el poco o nulo diálogo que quiere el gobierno ante esta circunstancia».
«Hacemos un llamamiento a la Ministra de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Celaa«, continúa el comunciado, «para que detenga inmediatamente esta tramitación, recapacite y se comprometa a reunirse con los diferentes representantes de entidades de educación especial para llegar a puntos de encuentros en la tramitación de esta ley con una partida presupuestaria valiente, si es que es cierto que el gobierno no tiene intención de cerrar los centros de educación especial como ha manifestado en varias ocasiones la ministra tanto el año pasado como este año».
Asimismo hacen «llamamiento al CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) para que sean portavoces y defiendan los derechos de todas y cada una de las personas con discapacidad en cualquier escolarización, y no solo las escolarizadas en la educación ordinaria porque si no lo hacen estarán dejando de hacer sus funciones, discriminando a un amplio grupo de personas muy vulnerables, siendo una acción muy grave y que dejaría muy en entredicho la labor y posicionamiento de este comité, quedando su imagen de defensor de todos seriamente deteriorada».
