La alcaldesa de Madrid y el de Rivas, Manuela Carmena y Pedro del Cura, respectivamente, han acordado buscar «soluciones sólidas” al conflicto de la Cañada Real, a través de una estrategia común que aborde una disciplina urbanística y la política de realojos que “restaure la legalidad, impida el efecto llamada y garantice el derecho a la vivienda de todas las personas que allí residen”.
Así lo manifestaron ayer ambos dirigentes tras reunirse en el Ayuntamiento de Rivas por segunda vez este año, después de que el pasado 2 de marzo se encontraran en el Palacio Cibeles, según ha recordado el Consistorio en una nota.
Carmena y Del Cura han hecho hincapié en que la Cañada supone un “grave conflicto social, medioambiental, urbanístico y de seguridad” que ha obligado a la Policía municipal de ambas localidad a mantener una comunicación “permanente” para actuar de forma coordinada en la Cañada.
Ambos se han mostrado en contra de las propuestas lanzadas recientemente por el Comisionado regional para la Cañada Real. Por ello, el alcalde de Rivas ha asegurado que “el poblado dejará de ser una ciudad sin ley y se seguirá ejerciendo la disciplina urbanística para evitar el efecto llamada”, mientras que Carmena ha asegurado que “la Cañada no puede continuar tal y cómo la conocemos, y la Comunidad debe entenderlo”.
Para ello, ambos han insistido en trabajar en favor de propuestas que “pasen por el realojo en viviendas dignas a la población que lo necesite”.
Este asentamiento que cuenta con más de 8.500 personas censadas y se extiende a lo largo de 14 kilómetros de los términos municipales de Madrid, Rivas y Coslada ha ido creciendo “sin control” desde hace décadas, y ahora alberga “infraviviendas” junto a lujosos chalés y sedes de empresas “que no pagan impuestos y que no han adquirido legalmente la propiedad del terreno”, ha aseverado el Consistorio.
