La candidatura popular Rivas Puede ha reclamado al consejo de administración de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) y al Gobierno municipal de Rivas una explicación “pública” acerca del origen de la deuda que la EMV mantiene con la constructora Ortiz.
El partido ha hecho esta petición después de que el Ayuntamiento de Rivas haya anunciado que va a interponer una querella contra el Grupo Ortiz por un contrato “abusivo” vinculado a la gestión de un edificio de 124 viviendas sociales, tras haber tenido acceso a un informe municipal que señala que el contrato era “lesivo para los intereses municipales”.
La EMV de Rivas señaló también que va a revisar las condiciones de un contrato que considera “injusto” y que obliga a detraer de las arcas públicas cada año, y hasta 2023, un canon de más de un millón de euros por la gestión de un bloque de pisos de protección oficial.
Según esos datos, el grupo empresarial hizo hace 13 años un desembolso de cinco millones de euros y, si se cumplen las condiciones fijadas en el contrato, finalmente triplicaría la inversión realizada.
El Consistorio ha recordado que fue en el año 2003 cuando el Grupo Ortiz construyó en el barrio centro de Rivas un bloque de 124 viviendas sociales en régimen de alquiler por encargo del Ivima, quien en el año 2005 transfirió, con unas condiciones “ya fijadas”, la gestión de este edificio a la EMV de Rivas.
Ahora, Rivas Puede (que votó a favor de iniciar acciones judiciales «para intentar anular los efectos del contrato» que ha generado esa deuda) ha considerado que “el origen de la misma no está claro”.
La formación ha apuntado que fue en 2013 cuando la deuda comenzó a originarse, después de que los responsables de la EMV decidieran dejar de pagar al Grupo Ortiz el importe mensual especificado, “aparentemente sobre la base de considerar abusivas las condiciones del mismo”.
“El problema está en que no se ha encontrado ningún acta de la EMV en la que figure acuerdo alguno para dejar de pagar las cantidades. Se trata, por tanto, de la ausencia de un acto administrativo legítimo que justifique tal decisión”, según han criticado.
Por ello, han pedido que al consejo de administración de la empresa que se ofrezca a la población de Rivas una explicación “detallada” de quién tomó la decisión de dejar de pagar unilateralmente las cantidades, “ya que eso ha generado una demanda judicial que puede resultar muy onerosa para el Ayuntamiento”.
