El Ayuntamiento de Rivas no firmará mañana el acuerdo que la Comunidad de Madrid pone sobre la mesa y que se supone está destinado a solucionar el problema de la Cañada Real. Una nota de prensa municipal hecha pública hoy advierte que el acuerdo presentado por el Ejecutivo regional supone una «falta de respeto institucional» hacia Rivas, al no contemplar ninguna de las propuestas que la Corporación ripense había ido haciendo al respecto. Además, dice la nota, el acuerdo significará cerrar «en falso» el problema, ya que «no contempla ningún Plan Social y se limita a reflejar una vaga serie de medidas urbanísticas».
El Ayuntamiento sospecha que el Gobierno de la Comunidad de Madrid pretende una «solución mágica» que no identifica a los organismos responsables de «reubicar a las miles de familias que se quedarán fuera de la regularización» ni concreta «quién asumirá la financiación del proceso de reubicación de aquellas personas que, aunque se les regularice su vivienda, no dispongan de los recursos suficientes para pagar el precio del suelo de su parcela». Fausto Fernández, concejal de Urbanismo, declara que «Al final, los grandes beneficiados de esta situación van a ser los propietarios de chalés, que son los que tienen el dinero para asumir los gastos que se produzcan».
Sin Plan Social y sin responsables claros
A la falta de concreción sobre qué administraciones asumirán la responsabilidad de llevar a cabo el plan, ni tampoco sobre la medida y la forma en que se hará, se añade el hecho de que no se incluye en el acuerdo presentado por la Comunidad e Madrid, un Plan Social que aborde con detalle la forma en que se dará respuesta al problema generado por los miles de familias que no hayan quedado regularizados dentro del plan de la Comunidad, ni a aquellas otras que, aun habiendo entrado en el proceso de regularización, no dispongan de medios económicos para hacer frente a la adquisición de terrenos y a la construcción o adquisición de vivienda.
“Siempre hemos defendido que en la Cañada se debería crear un espacio social y urbanístico sostenible, que genere un equilibrio complejo que integre a todos sus habitantes”, subraya Fausto Fernández. Las cifras no dejan lugar a la duda: dos tercios de los habitantes de la Cañada que permanece en el término municipal de Rivas (de acuerdo con los informes de Servicios Sociales) sufren situaciones de exclusión social, y de ellos, un tercio recibe la renta mínima de inserción. «Esto significa que 700 de las 1.132 personas censadas no podrán optar, incluso aunque logren estar en la lista de las regularizadas, a cumplir los requisitos económicos para legalizar su vivienda por no disponer de recursos suficientes», asegura la nota de prensa.
De los tres municipios por los que transcurre la Cañada Real, la población de Rivas ha sido, sin duda, la que más ha sufrido durante estos años las consecuencias negativas de un asentamiento con graves problemas sociales. A escasos metros de las viviendas del barrio de Covibar ha ido creciendo la Cañada de Rivas, cuyos habitantes han acudido durante este tiempo a los centros de salud, los colegios y los servicios sociales municipales. “La Comunidad de Madrid le debe una explicación a nuestros vecinos y vecinos”, reclama José Masa, alcalde de Rivas. “Desde el Ayuntamiento vamos a seguir exigiendo que se pongan las medidas para que este asentamiento deje de serlo y que la zona recupere la normalidad que nunca debía haber dejado de tener”, concluye.
ACTUALIZACIÓN (29/04/2014)
El Partido Popular (PP) de Rivas ha hecho pública hoy mismo una nota de prensa en la que califica de «acto de cobardía institucional y de irresponsabilidad» la negativa del Gobierno municipal a firmar el acuerdo planteado por la Comunidad de Madrid. En la nota, el portavoz del PP de Rivas, Jesús González Espartero, argumenta que el acuerdo que su partido a nivel regional presentará mañana para que lo firmen los ayuntamientos de Madrid y Coslada, es un «Acuerdo Marco que lo que pretende es establecer una hoja de ruta para la solución de un problema que tiene más de 40 años», y advierte que la intención del Gobierno municipal de no firmarlo «nos deja fuera de la solución y que nuestro municipio no podrá participar en la futura toma de decisiones sobre este asunto».
González Espartero, que parece vincular la decisión del Consistorio ripense a las desavenencias entre las dos partes enfrentadas de IU Rivas, explica que «La inacción del Gobierno Municipal de IU no pueden pagarla los vecinos ni nuestra ciudad con respuestas infantiles a problemas graves y que requieren altura de miras, de lo que IU está demostrando que carece sobradamente».
