«En cuanto la Comunidad convoque el Consejo de Educación, llevaremos a la comisión educativa de la FMM esta opción», declaró ayer en rueda de prensa el Alcalde, Pedro del Cura, que es uno de los vicepresidentes de la FMM. El Gobierno de Rivas no descarta tampoco ejercer acciones judiciales denunciando al Gobierno regional por «incumplimiento de sus obligaciones como administración y de sus propias normas», en referencia a la pérdida de espacios y recursos que la propia Comunidad de Madrid considera básicos en los centros.
La reacción que el Gobierno de la Comunidad de Madrid tuvo ayer ante el anuncio del alcalde de Rivas de que suspenderá la concesión de licencias de obra en tanto la Comunidad de Madrid no garantice la construcción de los centros necesarios para solucionar la emergencia educativa de la ciudad, no parece que haya tenido grandes efectos en el Gobierno local. Ayer, miércoles, por la tarde, la Comunidad emitía unas declaraciones tildando la medida anunciada por el regidor ripense de «chantaje» y «prevaricación». Pocas horas después, el Ayuntamiento daba a conocer su opinión acerca de esa calificación: «La obligación de la Comunidad es cumplir con sus responsabilidades y no especular con la calificación judicial de una determinada acción de un Ayuntamiento».
Por si fuera poca la trascendencia de lo anunciado por Pedro del Cura durante la asamblea educativa realizada ayer por la tarde, en declaraciones posteriores a la misma aseguró también que «En cuanto la Comunidad convoque el Consejo de Educación, llevaremos a la comisión educativa de la FMM esta opción», en referencia a la paralización de licencias de obra. La intención es obvia: Rivas no es el único municipio afectado por la «parálisis» del Gobierno regional a la hora de dotar a los municipios con infraestructuras educativas en número y calidad adecuados para cubrir sus necesidades. Del Cura reconoció que «Rivas tiene respecto a otros municipios madrileños una singularidad que nos hace únicos: nuestro crecimiento es constante y muy significativo, algo conocido desde hace años por la Comunidad de Madrid», mientras que en otros municipios el crecimiento, cuando lo hay, está menos planificado; a veces, además, lo que se está produciendo es «un decrecimiento de la población, con la consiguiente bajada en la necesidad de plazas escolares», recordó el edil.
Extender la opción y acudir a los tribunales
Con esta intención de trasladar al resto de municipios de la región la medida adoptada por el Gobierno de Rivas, el Ejecutivo regional podría verse en la tesitura de enfrentarse a una sucesión de medidas similares que repercutirían de forma inmediata en las expectativas de las empresas inmobiliarias y de las constructoras contratadas por ellas. Fuentes municipales valoran que «en breve empezarán a sonar los teléfonos del Ayuntamiento con llamadas de las inmobiliarias, y no tendremos más remedio que derivar sus inquietudes al consejero de Educación de la Comunidad».
Aparte de esta posible «propagación» de la medida adoptada por Rivas, el Alcalde aseguró también el martes que «si es necesario emprenderemos acciones judiciales contra el Gobierno regional por no cumplir su propia normativa» en lo relativo a las dotaciones básicas e imprescindibles que los centros educativos públicos deben tener. Esta normativa estaría siendo incumplida por la supresión de dotaciones tales como bibliotecas o aulas de música (convirtiéndolas en aulas para asimilar la masificación a la que la falta de centros está llevando), así como la saturación de espacios comunes como los patios de recreo. En este último sentido, la representante del AMPA de La Luna que intervino en la asamblea educativa del martes, Elena de Vega, aseguró que en su centro «el patio está ocupado por 350 alumnos y alumnas». Como resultado de ello «la dirección del centro ha prohibido jugar con balones» en ese espacio.
