Se presentó ayer en Rivas el “X Informe de la delegación Asturiana-Irlandesa de verificación del estado de los derechos Humanos en Colombia 2014”. Este trabajo es un referente en esta materia en toda España y trasciende el ámbito asturiano, ya que en él participan representantes de organizaciones políticas y sociales de toda España, e incluso de otros países de la UE. Casi un centenar de dirigentes políticos y sindicales colombianos amenazados de muerte por el Ejército, las Policía y los servicios de espionaje colombianos, habitan temporalmente en Asturias, como forma de protección contra esas amenazas, pero guardando la posibilidad de volver en breve a su país para «seguir luchando por los derechos de sus compañeros».
El informe constata la preocupante situación respecto al respeto de los derechos humanos, a pesar del apagón mediático y de lo que podría pensarse ante el avance del proceso de paz en Colombia. Para su elaboración, la misión de verificación se reunió con sindicalistas y dirigentes campesinos que participan en el proceso de constitución de tierras, dos de los sectores donde se constata que lejos de mejorar la situación empeora. La misión también mantuvo contacto con representantes oficiales del gobierno colombiano y de diferentes instituciones, que reconocieron las dificultades para combatir la impunidad y la protección de las víctimas. A lo largo de la existencia de este programa de protección, que tiene ya una antigüedad de más de doce años, han pasado centenares de refugiados colombianos por distintas ciudades asturianas. En el programa que se desarrolla este año, son 94 las personas que se benefician del mismo.
Espías colombianos en España
En la presentación estuvieron Javier Orozco, colombiano-español, coordinador del Programa Asturiano de Derechos Humanos; así como el alcalde de Rivas, Pedro del Cura, y la concejala Montse Burgos, además de otros miembros de la delegación colombiano-asturiana. Orozco relató cómo en distintos momentos han llegado a observar seguimientos de individuos, previsiblemente miembros de las fuerzas de seguridad colombianas, a varios de los refugiados. El propio Orozco explica que en una ocasión advirtieron este seguimiento y dieron cuenta del mismo a la Policía española y a la Procuradora asturiana de Derechos Humanos (una figura que el Gobierno asturiano ha hecho desaparecer recientemente), así como a un Juzgado madrileño.
Sin embargo, asegura, «exceptuando la Policía, que sí tomó medidas que nos resultaron útiles, el resto de instituciones no hicieron aparentemente nada», aunque la juez madrileña sí aceptó a trámite la denuncia. Para Orozco, «Hubo connivencia del Gobierno español, ya que es impensable que esta actividad, notoria y continuada, de agentes colombianos en territorio español, pase inadvertida para los servicios de seguridad españoles». el dirigente de Derechos Humanos cree que esa connivencia empezó a fraguarse «con la firma del Convenio de Colaboración entre Policías colombiana y española, firmado durante el Gobierno de Aznar». Ese convenio estaba destinado a intercambiar información acerca de delincuentes colombianos, pero, explica Orozco, «se aprovecha para realizar otras actividades, como éstas se seguimiento y amenaza que hemos sufrido»
El episodio narrado no ha sido el único en producirse. Además, las consecuencias de estas actividades de seguimiento e intimidación de los refugiados colombianos no son pequeñas. Dos de las personas que estuvieron en Asturias con este programa y que fueron seguidos por agentes colombianos, fueron posteriormente asesinados, cuando volvieron a su país. «El seguimiento a Luciano Romero y Henry Ramírez en España fue parte de la operación que terminó con su muerte a manos de las Fuerzas de Seguridad de Colombia». Lo que Orozco denuncia no es una simple opinión personal: la causa judicial instruida en el país sudamericano terminó con una sentencia que reconocía la culpabilidad de varios agentes de policía, parte de los cuales huyeron del país.
