El secretario general de Podemos Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, participó ayer en un acto público en Rivas junto al grupo municipal Rivas Puede, donde defendió la posible entrada al Gobierno por parte de Rivas Puede porque, en su opinión, hay que «hacer lo posible» por unir fuerzas y «lograr desalojar al PP de los gobiernos y llevar el cambio a las vidas de todos».
Por ello, defendió que el círculo de Podemos quiera llevar a cabo una consulta para decidir la posible entrada de Rivas Puede al Gobierno porque, según argumentó, ello supondría la oportunidad política de «acceder en correctas condiciones» al Ejecutivo, lo cual será una oportunidad para «hacer la experiencia de buen gobierno necesaria para que la gente compruebe que allá donde gobierna Podemos, su vida mejora».
‘A favor del ‘precacuerdo’
El dirigente de Podemos intervino en un acto público en la sede de Podemos-Rivas Puede, en el que se explicó al círculo el «preacuerdo» alcanzado entre las dos formaciones para formar un nuevo Gobierno en la localidad, aunque sin la presencia de PSOE, que esta semana anunció que se desmarcaba de un posible tripartito en el que llevaban meses trabajando.
Aunque Espinar evitó favorecer la aprobación de este acuerdo entre grupos de la izquierda, el dirigente reconoció que ambos partidos van «en la misma dirección» y se dirigen hacia una búsqueda con otros «actores del cambio».
En el acto, se explicó a los asistentes que Podemos tiene previsto realizar una consulta entre sus inscritos, entre el 2 y el 7 de mayo, para conocer la opinión de los integrantes del círculo al respecto de esa posible unión, aunque la ratificación del mismo la había realizado ya el pasado lunes Rivas Puede, según han aseverado.
Varios de los asistentes rechazaron esta consulta y pusieron en duda su legalidad, explicando que sería Rivas Puede, que es una organización distinta de Podemos, la que firmaría el acuerdo con Somos Rivas en caso de ser ratificado.
Espinar aseguró, a este respecto, que la legalidad o no de la consulta «deberá ser establecida por la Comisión de Garantías Democráticas», pero advirtió que ese órgano «tiene sobre la mesa varios expedientes de doscientas páginas» que tiene que abordar con toda la pulcritud legal y democrática necesaria, y pidió comprensión para «la tardanza que eso pueda llevar consigo».
