Una nota de prensa de la Comunidad de Madrid enviada a todos los medios el pasado domingo 22 de marzo, daba cuenta de la pregunta que la Presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, le hizo al Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la reunión por videoconferencia realizada por éste con los presidentes autonómicos, ese mismo día: «¿Puede asegurarme que no bloqueará el pedido con material de la Comunidad de Madrid preparado en Shangai?».
Insólita pregunta, porque en toda la nota de prensa no se hace mención alguna a ocasiones recientes en que el Gobierno central haya «bloqueado» ninguna compra del Ejecutivo madrileño relacionada con la solución al coronavirus. Tampoco ha sido éste un tema del que el gabinete de Comunicación de la Comunidad de Madrid, extraordinariamente prolífico desde el comienzo de la legislatura, haya dado cuenta en los últimos meses. Hay que llegar a la conclusión de que si no ha habido noticias oficiales de tal precedente y la Presidenta regional tampoco lo ha desvelado en su videoconferencia, es porque no ha existido. Entonces, ¿por qué Díaz Ayuso hace esa pregunta?
Usando la estricta definición primera de la Real Academia Española de la Lengua, esta pregunta hay que calificarla de capciosa: dícese de una pregunta que «es engañosa o induce al error». Por el mero hecho de formularla se induce a quien lea la nota de prensa a pensar que aquello sobre lo que se pregunta es un hecho que ha ocurrido con anterioridad, incluso que ha ocurrido con relativa frecuencia. La suficiente como para que Díaz Ayuso crea pertinente preguntar de esa manera.
Pero no es cierto, no ha ocurrido en absoluto.
Así pues, ¿por qué esta pregunta? Nuestra respuesta es clara: porque Isabel Díaz Ayuso sigue un guión escrito por ella misma, según el cual hay que convencer a la población de que la lamentable situación por la que atraviesa España es culpa del Gobierno. Y más aún, que las soluciones que ella y su Ejecutivo se afanan en encontrar para dar respuestas a esa crisis, son boicoteadas por el Gobierno. En esta última parte del guión es fundamental la primera premisa: que ella y su Ejecutivo se afanan por encontrar respuestas a la crisis.
Este guión, esta actitud, esta práctica política, rompe cualquier tipo de unidad nacional para enfrentar al coronavirus. No es, afortunadamente, el guión ni la actitud que han decidido tener otros dirigentes de su partido. Martínez Almeida, desde la Alcaldía de la capital, ha mantenido y sigue manteniendo un perfil bajo de arrope o, cuanto menos, de no beligerancia contra el Gobierno de España. Presidentes autonómicos del PP, como los de Murcia o Andalucía, tampoco siguen ese guión.
Naturalmente, el Gobierno de la Comunidad de Madrid está buscando respuestas a la actual crisis. ¡Cómo iba a ser de otra forma! Pero se ha equivocado y se está equivocando en varias de sus respuestas. Repasemos algunos hechos.
Madrid «no se cierra»
El 11 de marzo pasado (hace tan sólo 13 días) Isabel Díaz Ayuso proclamaba en un discurso que «Madrid no se va a cerrar o, desde luego, no será por orden del Gobierno regional«. En el mismo discurso, sin embargo, reconocía que «Los técnicos sanitarios calculan que lo peor de la propagación del virus ocurrirá en las próximas tres semanas». Así pues, a pesar de saber que «lo peor» iba a ocurrir en las siguientes tres semanas (un escenario que, no se nos pase por alto, llegaría hasta el próximo 2 de abril), la Presidenta defendía a capa y espada no «cerrar» Madrid y echaba indirectamente la «culpa» de que tal cosa fuese a ocurrir a una autoridad que sólo podía ser el Gobierno central. Sus palabras tenían, evidentemente, unos destinatarios muy precisos al lamentar «el daño que están causando a la población y a las empresas las informaciones falsas» en ese sentido. Dicho de otro modo: «votantes, empresarios, no os preocupéis porque aquí estoy yo para defender que Madrid no se cierre».
Huelga decir la cantidad de veces que posteriormente y desde el ámbito de su partido (si bien no desde todas las «esquinas» de su partido) se ha echado en cara al mismo Gobierno central la «blandura» de las medidas del Estado de Alarma. Pero Isabel Díaz Ayuso se negaba, tan sólo cuatro días antes del decreto de Estado de Alarma, a que se tomaran medidas que se iban a revelar como las más contundentes para frenar la extensión del coronavirus.
Deteniéndonos en otro controvertido aspecto de la gestión de Díaz Ayuso, en ese mismo discurso avanzó algunas cifras, bastante imprecisas, acerca de los esfuerzos por incorporar personal a la tarea de luchar contra el virus. Así, nos explicaba que se había aumentado «en 1.500 personas» el contingente de las dedicadas a «atender a la población». Pero «atender a la población» es un término muy vago: se la puede atender como médico, como enfermero o enfermera, celador o teleoperador atendiendo y canalizando las llamadas telefónicas crecientes del público.
El problema del personal
Justamente en esos días, Manpower, una conocida empresa de trabajo temporal, lanzaba una oferta de empleo como teleoperador/a para los días que durase la crisis. La oferta, de 500 plazas, reunía unas condiciones que incluían jornadas completas de lunes a domingo, con disponibilidad total para cambios de turno de días laborables a fines de semana y con remuneraciones que suponían en la práctica poco más de 1.000 euros al mes. Si esa es la forma en que se pretende localizar trabajadores que surtan de un trabajo de calidad a la hora de «atender a la población», más que seguramente nos encontraremos con lo que suele ser habitual en ese sector: trabajo sumamente estresante (y mucho más aún en la «campaña» para la que se contrata) que deriva inevitablemente en desinterés, errores o falta de atención real. Probablemente nunca tengamos datos acerca del resultado de utilizar a trabajadores contratados en esas condiciones. Nos tememos que serían datos desastrosos.
Si descontamos estas 500 plazas de las 1.500 anunciadas por la Presidenta, nos quedan tan sólo 1.000 personas más para «atender a la población» en aquellos momentos cruciales. Nos gustaría que Díaz Ayuso hubiese especificado más cuántos médicos, enfermeras, técnicas de laboratorio y otro personal técnico sanitario quedaban incluidas en esa cifra, pero tendremos que hacer cada cual nuestros propios cálculos, porque ni en esa ocasión ni en ocasiones posteriores ha habido ninguna concreción acerca de la contratación diferenciada de todos esos puestos.
Más datos: Díaz Ayuso anunció también que se había aumentado «el número de laboratorios que realizan pruebas diagnósticas», pero, una vez más, no concretó en absoluto la cifra ni, sobre todo, la capacidad que los nuevos laboratorios tenían de practicar pruebas. El enorme déficit en la capacidad de practicarlas, comprobado posteriormente, hace suponer que ese «aumento» fue, como mínimo, tremendamente timorato. Sobre todo teniendo en cuenta, insistimos, que la Presidenta ya sabía que «lo peor de la propagación del virus ocurrirá en las próximas tres semanas».
No se puede saber una cosa así y poner tan poco en la balanza para enfrentar la que se avecinaba. Por aquel entonces, para que a nadie le quepa duda, el decreto de Estado de Alarma no se había promulgado y, por tanto, las competencias en Sanidad estaban íntegramente en manos del Ejecutivo regional. Podía destinar lo que considerase conveniente a dotarse de los recursos humanos y materiales necesarios para enfrentar la crisis sin que ésta aupase a la Comunidad de Madrid a la triste posición ganadora en este ranking macabro de casos diagnosticados y fallecimientos que tenemos en España.
Datos personales sensibles
Desde prácticamente el comienzo de esta crisis, la Comunidad de Madrid entabló contacto con importantes empresas para que le construyesen una web y una aplicación móvil que ofreciera a la ciudadanía de la Comunidad de Madrid la posibilidad de autoevaluar unos posibles síntomas de coronavirus.
La iniciativa no era de un calado menor, porque uno de los grandes problemas con los que se están encontrando los gestores de la crisis a todos los niveles es el de la imposibilidad de hacer frente a la necesidad de pruebas diagnósticas fiables que estableciesen la verdadera dimensión de la pandemia a nivel de España. Una web y una aplicación móvil bien construidas que permitan una autoevaluación que, al menos, descarte los casos en que no se aprecian síntomas de coronavirus, será una web que permita, por constatación en la autoevaluación o por exclusión, ir visualizando qué cantidad de personas sí puede estar infectada.
El problema ha radicado en el hecho de que la Comunidad de Madrid ha querido entrar en competencia con el Gobierno y, más en concreto, con el ministerio de Sanidad, a la hora de ver quién sacaba antes su aplicación. Sin que quepan excusas por parte del Gobierno del país a la hora de justificar cómo es que aún no tiene lista la aplicación en la que aseguró en varias ocasiones que estaba trabajando, lo cierto es que la estrenada por Isabel Díaz Ayuso a bombo y platillo tropezó con un inconveniente mayor desde el minuto uno.
Nada más anunciar la puesta en marcha de la web, el pasado 18 de marzo, la Comunidad de Madrid hizo pública otra nota de prensa en la que se alababa las virtudes de la misma y se invitaba a la ciudadanía a inscribirse en ella. Cuando alguien quería hacerlo se encontraba con que la web no permitía llegar a la parte sustancial de la misma (el test de autoevaluación) si no era previa aceptación de las políticas de privacidad.
Estas políticas señalan, textualmente, que, al registrarse en la web, el usuario acepta que los datos recogidos (todos ellos extremadamente sensibles) pueden ser cedidos a «Nuestros proveedores y colaboradores, así como a las empresas que estos subcontraten, los cuales nos ayudan en calidad de encargado del tratamiento al desarrollo, mantenimiento, evolución y operación de la Aplicación y nos permiten prestarte los servicios a través de ella».
Ahora bien, la lista de empresas colaboradoras que la propia Comunidad de Madrid anunció estaba formada por Google, Ferrovial, Goggo Network, Carto, Force Manager y Mendesaltaren. Una simple visita a la web de cada una pone de manifiesto que al menos cinco de ellas (todas, menos Ferrovial) tienen su nicho de negocio en el mundo de los ‘Big Data’. Esto significa que operan con grandes cantidades de datos de personas con el fin, por lo general, de escrutar y predecir sus hábitos de consumo y sus comportamientos ante determinados eventos, ya sean de índole social, política, cultural o de cualquier otro tipo.
Estos objetivos de negocio se alejan demasiado de la máxima establecida por la propia Política de Privacidad, cuando unos párrafos antes establece que «Toda la información se recogerá por la Comunidad de Madrid con fines estrictamente de interés público en el ámbito de la salud pública y ante la situación decretada por las Autoridades Públicas, a fin de proteger y salvaguardar un interés esencial para la vida de las personas»
Ciertamente, otro párrafo de esta Política de Privacidad establece que «estas empresas sólo eventualmente podrán tener acceso a tus datos para llevar a cabo dichos servicios en nombre y por cuenta de la CSCM y siguiendo siempre nuestras instrucciones, y por lo tanto, en ningún momento los podrán utilizar para fines propios y/o finalidades no autorizadas».
Ello no invalida, no obstante, el hecho de que los datos podrán facilitarse a estas empresas (y a aquellas que éstas subcontraten) ya que «ayudan en calidad de encargado del tratamiento al desarrollo, mantenimiento, evolución y operación de la Aplicación y nos permiten prestarte los servicios a través de ella». Esto es, que ocupan un eje central en la operativa de la web.
La comida de los niños más pobres
El 17 de marzo, otra nota de prensa más anunciaba la puesta en funcionamiento del sistema por el cual la Comunidad de Madrid abastecería de una comida diaria a hijos de familias de este ámbito geográfico que perciben como único ingreso la Renta Mínima de Inserción (RMI).
Se trata de 11.500 personas (según datos de la Comunidad) que ya estaban recibiendo esas comidas en los comedores de los centros educativos. A estas 11.500 personas se añadieron dos días después algo más de 400 provenientes de familias de la Cañada Real. Es generalmente admitido que para muchos de estos niños y niñas esa comida era la única adecuada del día.
El sistema elegido por el Ejecutivo regional para sustituir esas comidas en comedores escolares (que ya no se podían ofrecer, al quedar cerrados los centros educativos debido al coronavirus) ha sido el de enviar a estos niños y niñas, o en su defecto a algún familiar provisto de documentación que le certifique como tal, a determinados locales de las cadenas Telepizza y Rodilla, donde se les entregarían menús previamente fijados.
Estos menús carecen de las características adecuadas para ser considerados como una alimentación acorde a las necesidades de menores de edad, cuando se trata de consumirlos diariamente durante un plazo prolongado de tiempo. Los menús, entre otras cosas, carecen de una mínima variedad y son en muchos casos demasiado pobres en peso. Además, no cuentan con opciones destinadas a personas con alergias o intolerancias, a excepción de uno de los cinco menús ofrecidos por Telepizza, que es apto para celíacos. Rodilla no ofrece esa posibilidad en ninguna de sus opciones. Días más tarde se sumó a estas dos cadenas otra más, Viena Capellanes, cuya incorporación se hacía para atender a las y los niños de poblaciones en las que no existe local de ninguna de las otras dos cadenas. Sus menús, algo más variados que los ofrecidos por Rodilla y Telepizza, tampoco tienen ninguna opción señalada como «Sin gluten» o aptos para otras alergias o intolerancias.
Según se pudo saber el pasado viernes, en los tres primeros días en que los interesados podían recoger estos menús tan sólo lo hicieron 2.033 el primer día, 2.800 el segundo y 3.003 el tercero. No es de extrañar dadas las condiciones realmente dificultosas en que pueden hacerse con ellos.
El Ejecutivo se ha defendido de las críticas recibidas por esta elección de proveedores de los menús, planteando que no le había sido posible encontrar otros que pudieran ofrecer «la capacidad y la capilaridad en el territorio regional, para llegar al máximo número de beneficiarios». Esta apreciación se refería a Telepizza y Rodilla, dos cadenas que, sin embargo, dejaban fuera de sus respectivas redes de restaurantes a nada menos que 74 municipios, un 41% del total de 179 que forman la Comunidad de Madrid.
Así se desprendía del hecho de que la Comunidad se viese obligada a ampliar el plantel de proveedores de estos menús con la cadena Viena Capellanes. Ésta finalmente tampoco solucionará directamente los problemas de movilidad de los residentes en esos 74 municipios, ya que la forma de recogida de sus menús será acudiendo a los respectivos Ayuntamientos, a donde serán llevados por Viena Capellanes; o bien acudiendo al obrador principal de la cadena, ubicado en Alcorcón.
Muchas han sido las críticas vertidas contra este sistema, pero dejando a un lado cualquier tentación de caer en la exageración, lo cierto es que el simple procedimiento de pagar a cada beneficiario de este programa la cantidad de 5 euros diarios habría permitido resultados muy similares o mejores en cuanto a satisfacción de las necesidades alimentarias, con la diferencia de que habrían podido satisfacerlas en lugares más próximos. Hay que recordar que los restaurantes no pueden estar abiertos al consumo del público en su interior, pero sí pueden suministrar comidas para llevarse al domicilio.
La Sanidad privada, intocable
Más datos. La Sanidad privada parece ser para la Presidenta una suerte de tabú. Insistentemente se zafa de cualquier declaración respecto a la capacidad no utilizada en este sector privado, y que un comunicado de CC.OO. del pasado 17 de marzo cifra en unas 6.000 camas.
En lugar de abordar seriamente este problema mediante el instrumento que ya en la fecha de ese comunicado estaba en manos del Ejecutivo regional (la aplicación de sus competencias en materia de Sanidad al amparo del decreto de Estado de Alarma, que faculta a Díaz Ayuso a hacer uso de las instalaciones disponibles en hospitales privados), la vía de escape del Gobierno de la Comunidad ha sido la conversión de varios pabellones de IFEMA en un ‘macro hospital’ montado a toda prisa (lo que se muestra insistentemente como objeto de orgullo, como si se tratase de competir con la ‘gesta’ de la construcción de hospitales en China).
Los problemas de esta ‘operación’, sin embargo, van a ser múltiples, si hacemos caso a lo que es vox populi entre el personal sanitario de la Comunidad: se tardará en reunir al personal necesario para cubrir los ratios médico/pacientes y los correspondientes en enfermería y auxiliares de enfermería: 3 médicos, 2 enfermeros y 3 auxiliares de enfermería por cada 20 pacientes.
Las cifras de camas que el Gobierno regional da a conocer en este ‘macro hospital’ es de alrededor de 5.000 como máximo, si bien en primera instancia se prevé ocupar alrededor de 1.400 camas. En este último caso se requerirían unos 210 médicos, 140 enfermeros y más de 200 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, para cubrir tres supuestos turnos de 8 horas cada uno.
Pero si el escenario fuera el peor previsto (es decir, la necesidad de ocupar el máximo de 5.000 camas previstas) las necesidades se elevarían a alrededor de 750 médicos, unos 450 enfermeros y alrededor de 700 técnios auxiliares. Si tenemos en cuenta que el Colegio Oficial de Médicos de Madrid cuenta con 1.980 médicos de medicina interna y que de esa cifra hay que deducir aquellos que trabajan exclusivamente en el sector privado, probablemente lleguemos a la conclusión de que se necesitaría que IFEMA albergase el trabajo de buena parte de la plantilla de médicos internistas de la Comunidad del sector público.
La paja en el ojo ajeno
Con este bagaje de discutibles prácticas de gestión, la Presidenta de la Comunidad se permite dirigirse al Presidente del Gobierno con una pregunta como la expuesta al principio de este larguísimo editorial.
No contenta con ello, el mismo día envía una carta, también dirigida a Pedro Sánchez, en la que además de repetirle la pregunta hecha «en directo», le plantea poco menos que una lección de gestión. Véase, si no, el siguiente párrafo: «El gobierno de la Comunidad de Madrid lleva trabajando en escenarios como el que estamos viviendo desde hace meses. Por eso sabemos lo que tenemos que hacer y llevamos semanas demostrándolo». En lenguaje más castizo podría decirse: «Cuando tú vas, yo vuelvo».
Con todo lo expuesto hasta aquí, presumir de gestión y experiencia bien aplicada parece algo más que temerario por parte de Isabel Díaz Ayuso.
La Presidenta y su Gobierno deberían entender que son una Administración pública, lo que equivale a decir los garantes de que se hace lo necesario, se hace correctamente y se hace velando por el erario público.
A la luz de todo lo expuesto, que cada cual juzgue si esos tres principios se cumplen.
