El PP de Rivas ha criticado hoy que los Ayuntamientos de Rivas y Madrid firmaran en abril un acuerdo por el que sus policías locales podían trabajar en los dos términos municipales contra las infracciones de la Cañada Real, aseverando que ambas administraciones sabían que era «ilegal» e «inviable».
La Delegación de Gobierno impugnó este acuerdo el pasado miércoles al considerar que incumple la Ley sobre Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ya que prevé la acción de una policía local en otro término sólo en emergencia o a petición de la autoridad competente.
Desde el PP han censurado ahora que se trataba de un convenio «ilegal» del «podemismo extremo».
También han aseverado en un comunicado que «queda claro» que este convenio fue firmado siendo ambos Ayuntamientos conocedores «desde un principio» de que el texto era «ilegal e inviable», ya que en la Junta de Seguridad del 27 de febrero «ya les fue indicado» por el consejero técnico de la Delegación del Gobierno.
«Una vez más, nos hallamos ante una clara manipulación propagandística de los gobiernos de los dos Consistorios, con el único fin de colgarse una medalla que no les corresponde», han aseverado.
En esta línea, han denunciado que ahora los Consistorios de Madrid y Rivas «intenten vender a la opinión pública» que el Gobierno regional y la Delegación de Gobierno «hacen caso omiso a los problemas de seguridad ciudadana».
Por todo ello, el portavoz del PP de Rivas, José Antonio Riber Herráez, ha censurado que «las políticas de espaldas a la Ley» por parte de los «Ayuntamientos del cambio» hayan «abocado» a que Rivas se vea inmersa en «un nuevo frente judicial que deberán pagar todos los ripenses».
