El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, ha declarado esta mañana en el Juzgado de Instrucción nº6 de Arganda por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias. Junto al regidor, citado a las 10:00 horas, estaban llamadas a declarar Yolanda Pérez Díaz (10:30 horas) y María Abril Barceló Candela (11:00 horas), cargos públicos del Ayuntamiento, acusadas de los mismos delitos.
La imputación es el resultado de la querella interpuesta por el PP Rivas, el pasado mes de enero, en la que denuncian supuestas irregularidades en la contratación municipal durante los años 2002 y 2008. En concreto, la querella señala anomalías en la concesión de algunos contratos a la cooperativa Aúpa, de la que era administrador el hermano de Tania Sánchez, por cerca de 1,2 millones, así como a la autorización de contratos de escuelas de tenis del Ayuntamiento de Rivas a un mismo administrador que representaba a varias empresas, y cuyo apoderado o copropietario era un técnico municipal. Estos contratos contaron, según el PP, con la aprobación, entre otros, de Sánchez, que fue concejala del Área de Servicios en Rivas y formó parte del Gobierno local entre 2007 y 2011. Por aquel entonces, Del Cura era el edil de Infancia y Juventud.
Tras dos horas en los juzgados de la localidad vecina, Del Cura ha explicado a los medios que se encuentra “tranquilo” porque por fin ha podido dar explicaciones y ha reiterado que la querella presentada por los populares “es falsa”. Respecto a los siguientes pasos a seguir, el alcalde ha señalado que “esperarán a conocer lo que diga la jueza antes de tomar ninguna decisión”. Del Cura ya anunció en una audiencia pública ciudadana que IU poseía un documento sin fecha y firmado en el que presentaba su dimisión irrevocable porque no permitirá que ningún juez le siente en el banquillo de los acusados.
Mañana declara, por los mismos delitos y a la misma hora, la excandidata de IU a la Comunidad de Madrid, Tania Sánchez, junto a su hermano y su padre. Antes de la denuncia, Sánchez defendió que no sabía que su hermano era administrador de la cooperativa Aúpa y que en el caso de los contratos de las escuelas deportivas de tenis únicamente existió “una irregularidad administrativa” al no haberse dado de baja el funcionario local en una empresa de la que ya no formaba parte. En Rivas se abrió una comisión de investigación sobre este asunto que finalizó con la decisión de pedir “responsabilidades no políticas” a Sánchez.
