Hace más de un año se paralizó la concesión de licencias de construcción en el sector Cristo de Rivas, y en noviembre se extendió a todo el municipio. El Ayuntamiento amparó tal decisión en la necesidad de reestructurar un sector muy tensionado.
Un año después, la subestación eléctrica continúa en el mismo sitio, pero siguiendo el proceso de traslado, el mismo que ya estaba previsto antes de la paralización y que no es nada sencillo.
El tanque de tormentas, los gasoductos, los colectores, el cambio de lindes entre Rivas y Madrid, todo sigue igual que hace un año. En muchas de estas cuestiones intervienen empresas y otras administraciones, lo que ralentiza los procesos, pero nunca han estado
paralizados.
¿Qué ha cambiado desde entonces? Absolutamente nada. La única diferencia es que ya no vendrán nuevos vecinos a empadronarse que no voten a la izquierda ripense en 2023. Objetivo conseguido.
Y para conseguir ese objetivo político, al Gobierno municipal no le ha importado el perjuicio que se ha ocasionado a las empresas, a las cooperativas y a las familias que tenían planificado su futuro en Rivas. Ahora su vivienda les costará mucho más dinero por el encarecimiento de los materiales de construcción y tendrán que pagar un alquiler durante más tiempo por el retraso en la concesión de las licencias que se han visto paralizadas sin justificación real. ¿Va a indemnizarles el Ayuntamiento por estos perjuicios?
En sesión plenaria celebrada el 30 de junio, hemos preguntado a la concejala de Urbanismo en qué fecha estaba previsto el levantamiento de la paralización de las licencias de construcción. No sé qué es peor, si que realmente no supiera algo que es estrictamente de su competencia, o que mintiera deliberadamente. Nos contestó con evasivas sin darnos
una fecha, argumentando que entre las posibilidades estaba la del levantamiento parcial y la de hacer una prórroga de la suspensión, demostrando desconocer que la Ley de Suelo en su artículo 70.4 establece que la suspensión cautelar no puede exceder de un año y que
ese plazo solo puede ser ampliable si se hubiera completado el período de información pública, lo que no ha ocurrido en el caso de Rivas ya que no existe en estos momentos ningún documento urbanístico en plazo de exposición.
No debe haber mucha comunicación entre los miembros del gobierno municipal porque a la salida de ese mismo Pleno en el que la concejala de Urbanismo no sabía la fecha prevista para el levantamiento de la suspensión, el exalcalde sí lo sabía pues dijo que se levantarían
parcialmente en el Pleno del 21 de julio y que se prorrogaría la suspensión general.
Y donde dije digo, digo Diego…al Pleno del día 21 de julio llegó el ansiado levantamiento de la suspensión de las licencias de construcción, solo entre las avenidas de la Democracia y Ocho de Marzo, y no se votó la anunciada e imposible prórroga.
Para salir del atolladero del que no sabían cómo y no evidenciar que se paralizaron las licencias durante un año para nada, ahora implantan la figura del Convenio Urbanístico de Gestión, exigiendo además depósito de garantías, acreditaciones y justificaciones técnicas, pero no articulan desde qué fecha se va a implementar, a quiénes se les va a exigir ni cuáles serán los criterios que se sigan. Hasta la fecha, la arbitrariedad y la improvisación es lo que ha marcado los pasos de la concejalía de Urbanismo.
Deprisa y corriendo han tenido que expedir un documento a una de las cooperativas a la que han tenido castigada durante un año y a la que vencía su opción de compra a finales de julio. Ese escrito viene a decir que lo que se aprobó en el Pleno referente al Convenio Urbanístico de Gestión no va con ellos.
Todo ha sido un paripé con fin electoralista, incluido el Rivas párate a pensar como instrumento utilizado para dar cobertura a la paralización. El Gobierno nunca lo reconocerá, pero en la práctica ha terminado haciendo lo que desde el Partido Popular le exigíamos, levantar la suspensión cautelar de las licencias que ya estaban en trámite sin imponer
condiciones que antes de la paralización no existían.
