El ex-dirigente del partido morado y actual director de Canal Red intervino junto a cuatro personas del equipo jurídico de Podemos y a la portavoz autonómica del partido, Isa Serra, dando su visión de qué es una práctica como la del ‘lawfare’, que se distingue de otras por la «voluntad de prevaricar» por parte de los jueces y por el «apoyo mediático», que considera «clave».
Pablo Iglesias, actual director de Canal Red, fue el invitado estrella en el acto que realizó ayer Podemos Rivas en el salón de actos de la casa de Asociaciones del barrio de Covibar. Pero no fue el único. Isa Serra, portavoz de Podemos Comunidad de Madrid y candidata en la lista electoral que presentará Podemos a las próximas Elecciones Europeas de junio, estuvo también presente, entre otras cosas en su calidad de víctima de ese ‘lawfare’ sobre el que todos los intervinientes se centraron. Rocío del Val, Gorka Vellé, Ramón Maíllo y Jaime Montero, presentados como gerente de Podemos y víctima del ‘lawfare’ la primera; y como miembros del equipo jurídico de Podemos, los tres últimos, completaron el ‘cartel’ del acto.
Las cuatro últimas personas fueron las primeras en intervenir y en ofrecer distintos puntos de vista acerca de lo que había sido en la práctica ese ‘lawfare’ sobre el que comienza a hablarse con cierta asiduidad. Aspectos como la actuación de la llamada ‘policía patriótica’ (la actuación de dirigentes policiales al servicio de la fabricación de pruebas falsas que acusaran a Podemos de delitos inexistentes), la de los jueces (aceptando como pruebas lo que no eran más que invenciones) y la de los medios de comunicación (dando altavoz a esas actuaciones policiales y judiciales) fueron los argumentos que presentaron Maíllo, Montero, Vellé y Del Val.
Isa Serra aterrizó algo más la cuestión en la dimensión autonómica, recordando cómo las actuaciones judiciales le privaron indebidamente de poderse presentar como candidata en unas elecciones autonómicas. Hizo, además, una advertencia sobre la «gravedad» de los argumentos usados para condenarla por su participación en una manifestación, porque, dijo, «es algo que pone claramente en entredicho la libertad de manifestación».
Y para finalizar el acto, en una sala absolutamente abarrotada de público (los organizadores tuvieron que poner sillas adicionales y una pantalla de televisión en el espacio previo a la entrada a la sala), Pablo Iglesias desgranó un discurso en el que resaltó las diferencias entre el ‘lawfare’ y fenómenos como la «judicialización de la política» o de «la politización de la justicia». El ex-dirigente de Podemos señaló que «son cosas muy diferentes de lo que es el ‘lawfare'». Y recogió la definición de este último que vio recientemente en la tesis de un estudiante de Ciencias Políticas: para que haya ‘lawfare’ tienen que darse una voluntad de prevaricación por parte de los jueces y una actuación de medios de comunicación que hacen de altavoz de ese acto prevaricador.
Pablo Iglesias finalizó con una reflexión sobre el papel de Podemos en el panorama político actual. «La gente que hay ahora en Podemos está curtida en sufrir los ataques» de las actuaciones judiciales, y no es la misma (vino a decir) que alguna que en otros momentos ha podido haber en Podemos, más interesada en obtener cargos al calor del éxito electoral del partido en sus inicios. Para Iglesias, Podemos sigue siendo la única fuerza política (además del independentismo) sobre la que se ha volcado el ‘lawfare’, y para el político y comunicador se debe a que «Podemos es el único partido que ha impugnado desde el principio el Régimen del 78».
En primera fila de asientos, justo delante de la mesa de los intervinientes, se sentaban, entre otras personas expresamente invitadas por Podemos Rivas para acudir al acto, gente del mundo sindical tan relevantes como Mercedes Merino y Francisco Bermejo, o como Cándido González. Los primeros, que son pareja, fueron de los más destacados dirigentes sindicales de la lucha de las y los trabajadores de Coca-Cola, desde 1014 hasta 2018, que se saló con un acuerdo con la multinacional considerado un éxito para la plantilla. Cándido González, por su parte, figura siempre, en el imaginario sindical, asociado a Morala, el apellido de su compañero de lucha en La Naval de Gijón, en la década de los 2000. Fueron a la cárcel por romper una cámara de video de una empresa e indultados a las tres semanas de ingresar en prisión, fruto de la movilización popular intensa que se dio en toda Asturias.
