A mediados de abril de este año, mi doctora de cabecera me da un ‘volante’ para que me hagan una colonoscopia. Se trataba de una revisión que me toca cada tres años, pero que, por causa de la pandemia, ya acumulaba casi medio año de retraso. Es por esa razón por la que en el ‘volante’ figura la indicación de ‘PREFERENTE’. Mi doctora me dice que me llamarán del centro de coordinación de citas para darme fecha de intervención. Ciertamente, me llaman y me dicen que “la fecha en la que me harán la colonoscopia será el 19 de noviembre de 2023’. Corrijo a la persona que me atiende al teléfono y le digo que “me han puesto PREFERENTE”. Me contesta que “la fecha que me están dando ya es preferente”.
Ante mi sorpresa y queja inmediata indicando que haría una reclamación, me dice que, “espere, seguramente me llamarán para ofrecerme una alternativa a más corto plazo”. Como no es la primera vez que me pasa, pensé que me ofrecería algún hospital privado, aunque el coste para la Seguridad Social sea tres o cuatro veces superior. Sin esperar a la llamada (que por cierto, hasta ahora no se ha producido), intenté pedir cita de nuevo con mi doctora de cabecera, para comunicarle las pesquisas. La máquina que me atendía solo me ofreció fecha para once días después. Once días después hablé con mi doctora, le conté lo sucedido y la dije que “yo quería hacerme la prueba en la Sanidad Pública, ya que con ello estaba defendiendo mi propio derecho y su trabajo a la postre, pero que ella me indicara la urgencia de la misma”. Me dijo que lo entendía, pero que ella necesitaba los resultados de la colonoscopia cuanto antes…
Describo mi propia experiencia para denunciar la situación de la Sanidad Pública, que más pronto que tarde padeceremos todos y todas. Por eso voy a contar otras dos experiencias propias de estos días.
El pasado diciembre pasé el contagio inevitable de Covid. Me coincidía por esas fechas la vacunación de la tercera dosis y no pude ponérmela. Después me dijeron que tenía que esperar seis o siete meses, por tanto, tendrán que vacunarme en julio. Intenté conseguir fecha de vacunación, primero en el centro de salud donde está la consulta de mi médica, pero no fue posible; después en el Hospital del Sureste. Tampoco. Luego, en cualquier hospital de los alrededores de Rivas (que es donde vivo). No tuve suerte. Finalmente, conseguí cita para el último día de julio en el Hospital de Móstoles.
La segunda le sucedió a una amiga: acude a media noche al Hospital del Sureste por mareo, desorientación y tremendo dolor de cabeza. Entra por urgencias, la miran y le dicen que la van a trasladar al Gregorio Marañón. Una vez llega allí, la encaman, la colocan en un pasillo porque todo estaba ocupado, le hacen pruebas y le confirman que está en ictus. Continúa transitando por los pasillos durante casi dos días y finalmente la mandan a una planta que no corresponde a su afección, pero es que en la suya no hay espacio disponible.
Esta es la atención sanitaria que tenemos, la que nos ha dejado el gobierno de la Comunidad de Madrid de la señora Isabel Díaz Ayuso, porque del Gobierno Autonómico son las competencias de Sanidad. Son muchos los que protestan en las interminables colas de los ambulatorios, en las salas de espera de los hospitales, o porque no pueden seguir sus pruebas y tratamientos periódicos, porque a causa de las continuas reducciones y escasez de presupuesto, no hay espacios, no hay camas y no hay personal sanitario. Donde sí lo hay es en los servicios médicos privados a los que se desvían continuamente enfermos para ser tratados en ellos, eso sí a costes cuatro y cinco veces superiores, con cargo a nuestra Sanidad Pública: “durante el segundo año de pandemia, el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) dejó sin gastar 402 millones de euros del dinero que tenía presupuestado. Ya en 2020, el peor año de la pandemia, el SERMAS dejó sin gastar 821 millones de euros.
Mientras no se invierte todo lo que se tiene en años complicados con unos centros sanitarios saturados, y sin la reapertura de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que permanecen cerrados desde 2020, los conciertos y convenios hospitalarios con la sanidad privada sí han salido reforzados. Así, durante 2021 “el SERMAS pagó 1.236 millones de euros a la sanidad privada, un 31% más que en 2020”, se asegura en un estudio de CCOO.
La pandemia ha provocado un deterioro del sistema público de salud, ha supuesto un fuerte auge del seguro sanitario privado, animado por bancos y aseguradoras en una alianza comercial que incluye una creciente oferta de productos ‘low cost’ . Evidentemente, esta es la estrategia de los partidos de derechas y algunos otros que se dicen de izquierdas, para reducir a la mínima expresión el sistema de Sanidad Púbica, para traspasar el negocio, casi en su totalidad a las aseguradoras privadas. El número de asegurados superaba ya los 11,5 millones al cierre de 2021.
La patronal aseguradora Unespa ha hecho públicos los datos económicos de las principales aseguradoras en el primer semestre de 2022. La facturación, reflejada en los ingresos por primas a cierre de junio, se situó en 32.965 millones de euros, un 4,43% más que un año atrás (que ya había crecido considerablemente). Esto es un negocio de mucho dinero.
La Sanidad Pública, junto con la Educación Pública, son dos de los bienes más preciados de los ciudadanos, al menos de aquellos que no tienen recursos para pagarse médicos o colegios privados. Además, son dos derechos reconocidos en la Carta de Derechos Humanos.
No podemos dejar que nos los arrebaten, la derecha está empeñada en reducirlos a la mínima expresión, en convertirlos en recursos marginales para los más pobres. Tenemos que luchar por ellos, nos garantizamos la igualdad de oportunidades para nuestra salud y para la educación de nuestros hijos/as.
