Bajo este lema el Grupo Local del Sudeste de Madrid y la Asociación Jarama 80 realizarán un encuentro sobre la ley de Memoria Histórica y las querellas argentina y mexicana con Ignacio Jotvis, investigador de Amnistía Internacional, Jose Manuel Castro portavoz de la asociación Jarama 80 y Antonia Morera, activista y nieta de republicano fusilado y enterrado en fosa común. Será el 7 de noviembre a partir de las 19.30 horas en la Sala Marcos Ana del Centro Cultural García Lorca de Rivas.
El 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, Amnistía Internacional lanzó una nueva campaña que recuerda a las personas desaparecidas durante la Guerra Civil y el franquismo.
Según cuenta Amnistía en nota de prensa, en España se sigue privando del derecho a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. En los últimos años, al menos cinco mecanismos de Naciones Unidas han constatado y expresado que España ni investiga ni deja investigar los crímenes cometidos en ese periodo.
Así, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, con motivo de su visita a España en 2013, se mostró especialmente preocupado por el cierre, archivo, paralización o mínima investigación de cualquier proceso para esclarecer y juzgar estos crímenes, e instó al Estado español a investigar de oficio y juzgar todas las desapariciones forzadas, así como a eliminar todos los obstáculos que pudieran impedir dichas investigaciones.
Continúa la nota diciendo que en mayo de 2017, el Congreso de los Diputados aprobaba una Proposición No de Ley en la que instaba al Gobierno que cumpliera con las recomendaciones de dichos organismos internacionales, entre otros aspectos, asumiendo las labores de localización y exhumación de fosas e identificación de los cadáveres de personas víctimas de desaparición forzada.
En 2010, víctimas del franquismo interpusieron una querella en Argentina, iniciando una investigación que se abrió en aplicación del principio de jurisdicción universal. Hasta ahora, España no ha colaborado con la justicia argentina. En dos oportunidades ha rechazado extraditar a los procesados a Argentina, ha negado información a la justicia de ese país y ha impedido que la jueza argentina María Servini de Cubría interrogue a los 19 acusados, así como la toma de declaración de algunas víctimas y testigos.
La Convención Internacional para la protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas ha sido firmada por 96 países y ratificada por 57. España la ratificó en 2009.
