Una vez más, nos enfrentamos al problema de la vivienda. Lejos de ser entendida como un
derecho, se ha convertido en un activo financiero más, sin normativa suficiente que permita dar cumplimiento al mandato constitucional de regular la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.
En todo el Estado, el parque público de vivienda supone un 2,5% del total, frente a la media europea que está en 9,3%. Durante décadas se ha construido en suelo público, se ha gastado mucho en vivienda, pero no para crear vivienda pública en alquiler; se han
desarrollado algunas políticas paliativas, pero no se ha invertido para crear un parque
público suficiente que garantice el derecho a la vivienda en todo el país. Ahora, son
necesarias políticas valientes que corrijan la situación actual de desconexión entre los
precios de la vivienda y la economía de los hogares.
Hay muchas causas estructurales detrás del problema de la vivienda, pero este
Ayuntamiento tiene claro que la vivienda es un derecho, y que en cualquier ciudad la
vivienda debería ser para las personas que habitan en ella. Es por ello que en muchos
países no permiten comprar más viviendas a inversores. Creemos que, si de verdad se
aplicara normativa que hiciera menos rentable este negocio se acabaría con el privilegio de
especular con un derecho fundamental, como hacen los grandes rentistas.
Este problema que afecta a todo el país requiere de la coordinación de todas las
administraciones. Pues la casi nula creación de políticas públicas en décadas anteriores nos
han llevado a esta situación en la que no se puede garantizar un derecho básico como es el
acceso a la vivienda. Tenemos una Ley estatal, que se podría ampliar con más medidas,
aunque la competencias principales recaen en los gobiernos autonómicos. La Ley de
Vivienda es una herramienta que nos puede permitir ejecutar programas de movilización de
viviendas vacías, topar los precios, elevar la fiscalidad de los pisos turísticos que porque
convierten la vivienda en un activo financiero, no permitir la adquisición de vivienda en
zonas tensionadas si no son para vivir. Pero estas medidas requieren voluntad política y
compromiso por parte de todas las administraciones competentes.
Conscientes del problema a nivel local, este gobierno solicitó en septiembre declararse
Zona de mercado residencial tensionado, para poder así aplicar la Ley de Vivienda. Sólo
unas horas, no días, después de registrar la solicitud acompañada de un Plan de medidas
específicas y su informe técnico el portavoz del gobierno regional avisaba de que sería
rechazada. Desde este ayuntamiento insistimos: es necesaria la intervención de la
administración del Estado y de la Comunidad de Madrid, para que cumpliendo con sus
obligaciones y el artículo 47 de la CE, actúen de forma coordinada y en función de sus
capacidades presupuestarias. Todos los poderes públicos debemos implicarnos, tenemos
una responsabilidad y el deber de actuar para solucionar esta crisis habitacional.
Vivimos en la región más cara, existe un Plan estatal de vivienda que necesita más
medidas, y además su gestión recae en el gobierno de Ayuso. El mismo que en 2020
prometió 505 viviendas en régimen de alquiler en Rivas, con el Plan Vive de la Comunidad
de Madrid, y a día de hoy llevan construidas 0 viviendas. Insistimos, falta voluntad política
para abordar de forma global el problema de la vivienda.
Este gobierno municipal, dentro de sus posibilidades, sigue trabajando y dando
cumplimiento a su programa. La Empresa Municipal de la Vivienda EMV, entidad 100%
pública, acaba de aprobar su Plan Estratégico 2025-2028, el cual incluye la construcción de
más de 400 viviendas, además de las 83 pendientes de finalizar en 2025 del Plan Vivienda
Joven, poniendo así en marcha el proyecto motor ‘Vivienda pública’ de nuestra Agenda
Urbana Rivas 2030. Este gobierno municipal es el único que está dando pasos para facilitar
que las vecinas y vecinos de Rivas puedan acceder a viviendas protegidas a un precio
asequible en su ciudad.
En Rivas también sufrimos el problema global de acceso a la vivienda, pero somos la
ciudad con más vivienda protegida de la región y la cuarta en el país, y contamos con el
parque público de alquiler más grande de la Comunidad de Madrid en términos relativos. Y
esto no es casualidad, es fruto de las políticas de vivienda llevadas a cabo por este
ayuntamiento con sus sucesivos gobiernos de izquierda, que ha trabajado en ello y lo va a
seguir haciendo.
En este equipo de gobierno lo tenemos claro, es necesario intervenir el mercado en favor de las personas que necesitan una casa para poder vivir vidas dignas. En todo el país, el 50% de las familias que viven de alquiler están en riesgo de pobreza y exclusión, es el porcentaje más alto de la UE. El conjunto de las administraciones públicas no nos podemos permitir estos datos, estamos fallando. Rivas, es un modelo de ciudad creado desde lo colectivo, nosotros y nosotras mantenemos intacta nuestra voluntad de aumentar los planes de vivienda pública, con acceso principalmente vía alquiler, fomentando la construcción de viviendas para vivir, no para especular. Porque la vivienda es un Derecho.
Rivas 2030, una ciudad cohesionada, inclusiva, diversa y solidaria.
