En los últimos días vienen pronunciándose grupos políticos y asociaciones ecologistas respecto a la planta de tratamiento de residuos. CDR y PP insisten en asimilar la planta con una incineradora, mientras el PSOE le llama «planta de tratamiento de residuos» y se opone a ella aunque matiza que lo hace «hoy por hoy». IU apoya decididamente el proyecto de investigación. Asociaciones ecologistas se curan en salud y remiten parte de sus dudas al uso que de la instalación se haría, en caso de realizarse, por parte de «la empresa privada» y de una posible futura alcaldía en manos de otro partido.
El proyecto de planta de tratamiento de residuos cuya tecnología está siendo investigada en Rivas por parte de la empresa Ecohispánica en asociación con Rivamadrid, parece ser el tema que grupos políticos y asociaciones ecologistas han elegido como favorito para la época de precampaña electoral que atravesamos. Si en un principio pasó desapercibido, a pesar de haber sido anunciado a bombo y platillo por el Alcalde, José Masa, en su comparecencia en un acto ante decenas de empresarios, en noviembre de 2010, en unos meses se ha ido convirtiendo en el tema estrella, tanto a la hora de defenderlo como de atacarlo.
Desde el campo del propio Gobierno municipal, el PSOE comenzó, el pasado mes de marzo, haciendo pública su oposición al convenio con la empresa DO2 (que gestionaría parte de los materiales producto del tratamiento que la planta de residuos produciría) para la realización en un futuro de una instalación que daría trabajo a personas discapacitadas.
Algunas asociaciones ecologistas, especialmente la plataforma Rivas Aire Limpio, han mostrado dudas respecto a la viabilidad de los métodos para deshacerse de los subproductos del tratamiento de residuos que se están investigando, que no consistan en la incineración de los mismos o en su deposición en un vertedero.
Semanas después de estos posicionamientos, casi al unísono, el CDR de José Carlos Querencias y el PP de Inmaculada Sánchez Ramos han emitido sendas notas en las que se rechaza lo que, casi en solitario, insisten en denominar «la incineradora de Rivas».
Izquierda Unida, por su parte, ha hecho pública una nota en la que defiende el proyecto y echa en cara al PSOE que «no ha sabido clarificar qué le parece mal o le inquieta de este proyecto», mientras «a nivel nacional aprueba un anteproyecto de ley de residuos contestado ampliamente por el ámbito académico y el movimiento ecologista”. Del CDR asegura que «miente y genera ruido, quizás para evitar que recordemos cómo en 2007 su programa electoral proponía una mancomunidad con otros municipios para instalar un nuevo vertedero”. Al PP le achaca una «ironía de la peor calaña, porque saben que habrá evaluación ambiental, que habrá comisión de seguimiento, y que la incineración sólo está en el aire que nos llega desde Valdemingómez porque así lo decidió Esperanza Aguirre cuando era concejala de Medio Ambiente del ayuntamiento de Madrid”.
Cambios de posición
Sin embargo, los posicionamientos, que pueden parecer inamovibles, no lo son tanto. En la presentación pública de la candidatura socialista a las municipales de Mayo, Guillermo Magadán, el candidato a la Alcaldía, dijo que «hoy por hoy el PSOE dice no a una planta de tratamiento de residuos», con lo que establecía un condicionante temporal a su oposición que no ha pasado desapercibido.
Por su parte, Rivas Aire Limpio también ha hecho pública recientemente una nota en la que hace balance de la reunión del Consejo Municipal de Medio Ambiente en la que participó. En el comunicado, la plataforma ecologista se mantiene alejada del rechazo que expresan PSOE, PP y CDR, pero continúa poniendo sobre la mesa sus dudas, que concretan en tres aspectos: «El nuevo tratamiento no avanza en una mayor separación en origen de la recogida de residuos, sino que por el contrario anima a una mayor mezcla»; la biomasa resultante del proceso «tiene muy difícil salida en forma valorizada” y no ven para ella «salida comercial diferente a su uso como combustible», además de echarla en un vertedero; y aunque aseguran que «queremos creer al Sr. Alcalde cuando dice que no se va a incinerar ningún producto de la planta, o al Sr. Gerente de Rivamadrid, cuando dice que no es un objetivo vender como combustible la biomasa», temen que «la nueva sociedad propietaria de la planta (de mayoría privada)» u «otros alcaldes» cambien de opinión y «decidan venderlo como combustible», aunque sea fuera de Rivas. Los ecologistas no aceptan ese uso.
A tenor de estas matizaciones, la posición de CDR y PP, la que más ha tardado en hacerse pública, parece tener el paso un poco cambiado, debido sobre todo a la virulencia de sus afirmaciones, no apoyables por ninguno de los argumentos dados por técnicos y medios de comunicación externos a Rivas. El apoyo de ambos partidos, en el pasado reciente, a alternativas que tienen que ver con lo que condenan ahora, podría restar credibilidad a sus críticas.
