La concentración de ayer, lunes, se llevó a cabo ante el centro de salud Santa Móinica. Una de las trabajadoras del centro hizo un llamamiento a seguir reivindicando la atención primaria y a poner reclamaciones para evidenciar su abandono.
Entre 120 y 150 personas se manifestaron ayer ante el centro de salud Santa Mónica, en Rivas, para reclamar, una vez más, que el Gobierno regional, competente en la materia, invierta en mejorar la atención primaria.
Diferentes miembros de la plataforma Rivas con la Sanidad Pública, convocante de la concentración, leyeron el comunicado preparado para la ocasión, en el que, de nuevo, se denunciaba el «estado de la Sanidad Pública en general y de la Atención Primaria en particular en nuestra región». Los convocantes acusan al Gobierno de Díaz Ayuso de hacer «gala de una pésima gestión sanitaria», algo que concretan en «usuarios que hacen largas colas para ser atendidos en su Centro de Salud o que pasan horas al teléfono para conseguir una cita, listas de espera quirúrgicas y diagnósticas cada vez más largas, y demoras de meses en la obtención de cita con especialistas».
Estrella, una trabajadora del centro de salud Santa Mónica, mostró su «desesperación» por la situación de falta de personal que se vive en Atención Primaria. La trabajadora explicó que los procedimientos administrativos y las bajas por COVID o por estrés laboral hacen que el número de pacientes que se adjudican en la práctica a cada médico o médica y a las y los enfermeros se multiplique hasta el punto en que no es posible atender correctamente a todos. La trabajadora pidió a loc oncentrados que «no dejen de manifestarse y que presenten reclamaciones» si se ven afectados por esta situación, de modo que «se ponga en evidencia el problema».
Mención especial hicieron los convocantes de la llamada ‘Ley Ómnibus’, aprobada en plenas Navidades y sin apenas tiempo para alegaciones, de la que Rivas con la Sanidad Pública afirma que «en materia sanitaria da lugar a la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria que tendría plena capacidad jurídica y de obrar y que permitiría eludir el control de la Asamblea, es decir, dar forma legal a las adjudicaciones de contratos que han venido realizando de manera opaca durante toda la pandemia».
