Marisa Pérez, quinta teniente de alcalde y concejala de Seguridad y Movilidad de Rivas, respondió el pasado 12 de noviembre a las preguntas de RIVAS ACTUAL respecto a varios aspectos que tienen que ver con el transporte y la movilidad en la ciudad y especialmente sobre aquellos que en los últimos meses se han implantado de forma novedosa y que han creado polémica. Para la concejala, tanto las zonas de bajas emisiones en entornos escolares (ZBE) como la próxima implantación de la limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora en toda la ciudad, son medidas que contribuyen notablemente a lo que considera su princpal preocupación: dotar de más seguridad a la población del municipio.
Marisa Pérez González no es nueva en esto de ser concejala. En anteriores legislaturas ya había ostentado responsabilidades de Gobierno repesentando a su partido, el PSOE, y lo había hecho en algunos casos al frente de concejalías como la de Mayores, que también ostenta en esta legislatura. Pero quizás la competencia delegada en la que más novedades está aportando es la de Seguridad y Movilidad, con dos medidas polémicas y bastante pioneras en España: la implantación de las Zonas de Bajas Emisiones en entornos escolares (ZBE) y, como proyecto a muy corto plazo, la implantación también de una ‘etiqueta’ tremendamente avanzada: la de ‘Ciudad 30’. Algo que implicará el establecmiento del límite de velocidad máxima de 30 kilómetros por hora en toda la ciudad.
Respecto a este último proyecto, que la edil asegura que se pondrá en marcha «en enero de 2022, si no antes», RIVAS ACTUAL ya avanzó un resumen de sus respuestas, aunque las y los lectores pueden ahora escucharlas de forma íntegra en el audio de la entrevista que facilitamos.
El otro tema polémico que ha nacido en su concejalía, en colaboración con las de Transición Ecológica y Educación, ha sido la de la implantación de ZBE en los alrededores de los centros educativos de infantil y primaria del municipio.
La primera reacción de buena parte de la población que se expresa en redes sociales fue la de considerar la medida como muy perjudicial. Se llegó a plantear que provocaría un caos de tráfico y que ello, además, redundaría en un empeoramiento de lo que se quería mejorar: la calidad del aire de la ciudad.
Dos meses después de su puesta en marcha, la polémica no sólo ha desaparecido prácticamente de las redes sociales, sino que, cuando ha vuelto a ganar protagonismo, ha sido a causa del desgraciado accidente que produjo recientemente la muerte de una menor y graves lesiones a otras dos en el entorno de un colegio de Madrid y a la hora de salida de clases del mismo.
Marisa Pérez lamenta en la entrevista que sea a causa de hechos como éste que mucha gente se dé cuenta de la importancia de medidas como la adoptada con las ZBE. En cualquier caso, insiste en que no era algo opcional: «lo tenemos incluido en el PMUS [Plan de Movilidad Urbana Sostenible, una ordenanza municipal] y es de obligado cumplimiento porque en España ya hay una ley que nos obliga a ello».
Con todo, reconoce que, fruto de las sugerencias que están recibiendo por parte de la población, y también por observación de los propios técnicos, seguramente haya modificaciones a realizar en la aplicación de alguna de las ZBE. En concreto, Pérez menciona la relativa al CEIP La Escuela: «La situación que se crea en la avenida de Miguel Hernández es seguramente la más problemática de todas y creo que adoptaremos algunos cambios en la aplicación» de la ZBE.
La edil considera que las muchas felicitaciones que está recibiendo en diferentes eventos y jornadas, por parte de responsables de movilidad de otros municipios, son un síntoma de que «es algo que hemos hecho bien. Se muestran especialmente interesados en que les cuente cómo hemos llevado a cabo el proceso de implantación, comunicativamente hablando». Pérez recuerda que la implantación fue algo que se llevó a cabo mediante un proceso de participación popular, ya que «llevamos a los consejos de participación la propuesta antes de ponerla en marcha, y contó con la aceptación muy mayoritaria en ellos».
Las alternativas al vehículo privado
La concejala, que se confiesa usuaria asidua del coche «porque llevo varias responsabilidades que debo desarrollar en sitios distintos, y eso me obliga a un constante y rápido movimiento dentro de Rivas que es difícil de conseguir si no es con el vehículo privado», es consciente de que el transporte público en la ciudad, especialmente el interno, es deficiente. Considera que la responsabilidad recae en el Consorcio Regional de Transportes (CRTM), con quien asegura que «hemos pedido reunirnos en numerosas ocasiones, aunque sin resultado efectivo».
En la entrevista le preguntamos acerca de dos medios de transporte que no han conseguido, por diferentes razones, convertirse en alternativa de movilidad: la bicicleta y el patinete eléctrico.
Respecto al primero, Pérez cree que «Bicinrivas en un servicio que intentamos mejorar día a día, sobre todo por dos vías: la instalación de cada vez más estaciones de aparcamiento y recogida de bicicletas y la mejora de las mismas, así como mediante la creación de una app que facilite la gestión del alquiler de las bicis». Anuncia, además, que está manteniendo reuniones con las empresas adjudicatarias para la instalación de las estaciones de aparcamiento y recogida», con el fin de estudiar en qué plazos puede incrementarse su número.
Lo de los patinetes tiene un carácter totalmente distinto. Ya hubo, allá por 2018, una experiencia con la contratación, mediante una empresa privada, de un servicio de alquiler de patinetes eléctricos, pero repentinamente la empresa que prestaba el servicio dejó de hacerlo. «La experiencia creemos que fue muy interesante, pero el problema fue que no les salía rentable y renunciaron a ello». Pérez asegura que «estamos buscando permanentemente empresas que quieran asumir este reto, pero lo cierto es que resulta muy difícil encontrar alguna dispuesta a ello».
