Los encierros que han protagonizados trabajadoras y trabajadores de distintos estamentos de los centros de salud de cabecera de Rivas Vaciamadrid -Santa Mónica y La Paz- han registrado en torno a un 80% de participación de las y los trabajdores convocados a ello. Este porcentaje podría haberse superado, incluso, en lo que se refiere al seguimiento de las dos convocatorias de huelga que han coincidido en el tiempo, la de la AFEM y la de los sindicatos de clase. Mañana, está previsto que el Pleno Municipal apruebe una iniciativa presentada por los grupos municipales de izquierda en la que se hace un apoyo explícito a las movilizaciones del personal de hospitales y centros de salud madrileños.
En torno a un 80% de seguimiento han tenido los encierros que se han realizado el lunes, 26, y ayer martes, 27 de noviembre, en los centros de Santa Mónica y La Paz, en Rivas. Estos encierros, que han durado desde las 9 de la noche hasta la apertura del centro, a las 8:00 del día siguiente, han sido medidas de protesta que acompañan a las dos convocatorias de huelga que se han superpuesto, «sin entrar en contradicción», según fuentes sindicales, en la Sanidad madrileña.
Las convocatorias han sido firmadas, en un caso, por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, que representa a médicos especialistas de distintas áreas. La segunda, por los sindicatos del sector. Mientras la primera es indefinida y llama a la huelga a aquellos estamentos representados por la asociación (es decir, médicos especialistas), la segunda convoca a las y los trabajadores de cualquier estamento (enfermeras, técnicos de laboratorio, administrativos, etc., además de los médicos) a una huelga que se ha realizado el lunes y martes (26 y 27 de noviembre) y que vuelve a convocarse para los días 4 y 5 de diciembre. La razón de esta disparidad de convocatorias se debe a razones de representatividad y no de discrepancia en los contenidos de la reivindicación.
Esta última no es otra que la cancelación de la legislación anunciada por el gobierno de la Comunidad de Madrid y que abre las puertas de par en par a la privatización de la Sanidad y a la pérdida de la gratuidad para los pacientes. Varias de las medidas ya adoptadas en esa línea, como la obligatoriedad del pago de ciertas cantidades en las farmacias para acceder a los medicamentos recetados por el Servicio de Salud pública, y el cobro de la asistencia a personas que carezcan de la tarjeta sanitaria, han acabado ya de hecho, si nadie consigue que se dé marcha atrás, con el principio de universalidad de la atención sanitaria a personas necesitadas sin discriminación por razones económicas o sociales.
Las y los profesionales de distintos tipos que sostienen la Sanidad Pública entienden que con el nuevo paquete legislativo que el gobierno regional madrileño quiere poner en marcha, se ahonda este ataque a los derechos de la población y que «de prosperar, nos obligarán a los profesionales a ver en cada usuario no a un paciente, sino a alguien a quien sacarle cuanto más dinero, mejor», en palabras de trabajadores participantes en la huelga convocada en los centros de Salud de Rivas.
Ataques a la libertad de expresión
Las y los trabajadores de la Sanidad denucnian que están siendo objeto de ataques a la libertad de expresión por parte del Gobierno regional madrileño, en la medida que pretende prohibirles, bajo amenaza de sanción, el uso de determinadas expresiones a la hora de explicar sus reivindicaciones y contra qué protestan.
Las directrices llegadas desde la consejería de Sanidad madrileña prohiben a los trabajadores, por ejemplo, el uso de verbos como «privatizar», conminándoles a usar el eufemismo «externalizar» en sus declaraciones y materiales informativos. Por otro lado, fuentes de los trabajadores aseguran que en varios hospitales madrileños la Policía, en unos casos, y servicios de limpieza enviados por la consejería de Sanidad, en otros, han retirado las pancartas informativas que los trabajadores habían colocado. Esta revista tiene constancia de casos de este tipo ocurridos en el Hospital de Móstoles y en el Gregorio Marañón. En Rivas no se tiene constancia de que se haya realizado ninguna de estas retiradas de material informativo.
Respuesta positiva por parte de los pacientes
Los trabajadores de la Salud en Rivas intentaban por todos los medios, desde el comienzo de la huelga, el pasado lunes, informar a las y los pacientes del alcance de las medidas que el gobierno regional quiere imponer y cómo afectarían a toda la población. «Es imprescindible que todo el mundo entienda que esta huelga es por todos, no sólo por los profesionales de la Sanidad», decían varios de los trabajadores del Centro de Santa Mónica. «Si estas medidas se ponen en marcha, la gente perderá muchísimas cosas que hasta ahora hemos estado recibiendo de manera normal a cambio de nuestros impuestos, como son la atención universal y gratuita».
Según reconocían hoy fuentes de estos trabajadores a Rivas Actual, «la reacción de los usuarios está siendo magnífica. Apenas si se han registrado choques, sino que, al contrario, han entendido perfectamente por qué hacemos esta huelga y en qué medida les afectarían las medidas anunciadas».
El Pleno municipal apoyará la lucha de la Sanidad Pública
Por otra parte, el Pleno Municipal previsto para mañana, jueves, en el Ayuntamiento de Rivas, votará varias iniciativas presentadas por los grupos municipales de Izquierda Unida – Los Verdes y por el PSOE, una de las cuales se relaciona directamente con esta lucha de los profesionales sanitarios de la Comunidad de Madrid. El Pleno votará el apoyo explícito a las movilizaciones del personal de hospitales y centros de salud madrileños.
Miembros del Gobierno Municipal han respaldado en los últimos días los encierros en los centros de salud de Rivas (La Paz y Santa Mónica). Esta mañana, José Masa, alcalde ripense, ha visitado a la asamblea de trabajadores y trabajadoras del Hospital del Sureste, uno de los centros de referencia para la población de Rivas. Con su presencia, el primer edil, ha querido trasladarles el apoyo de todo el Consistorio a sus protestas contra la intención del Gobierno de la Comunidad de Madrid de privatizar seis hospitales y 27 centros de salud públicos de la región.
