El pasado 27 de octubre abrieron los llamados Puntos de Atención Continuada (PAC), entre ellos el ubicado en el centro de salud La Paz, en Rivas. En este último pudo constatarse que sólo un celador y una enfermera atendían las urgencias médicas. No fue, ni mucho menos, el único.
Tan clamorosa fue la falta generalizada de personal en estos puntos (que sustituyen, según el nuevo modelo implantado desde la consejería de Sanidad regional, a los SUAP y a los SAR), que la Comunidad de Madrid emitió no una, sino dos notas de prensa «explicando» la razón de esta carencia generalizada.
En la primera nota de prensa, recibida a las 19:30 horas del mismo 27 de octubre, la Comunidad de Madrid dice que los 14 centros cuya apertura estaba prevista para las 15:00 horas, habían abierto a su hora pero «con el 45% de los profesionales». Y añadía: «El resto de profesionales ha informado a lo largo de la mañana (en algunos casos con menos de dos horas de antelación) que se daban de baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares».
A las 19:52, 22 minutos después de la primera nota, una segunda comunicación de la consejería de Sanidad anuncia que en los 64 centros con apertura prevista a las 17:00 horas ha contabilizado «más de un 40% de bajas sobrevenidas que se han comunicado a lo largo del día, en ocasiones a menos de dos horas de la apertura de su centro».
Haciendo un resumen de sus propias notas, la Comunidad de Madrid «explica» que «De los 234 profesionales que habían sido llamados hoy a trabajar, un total de 94 han comunicado su baja por incapacidad temporal, por situaciones personales de distinta índole o por permisos solicitados por incidencias familiares. Esta situación ha provocado que 43 centros (casi el 60%) se hayan encontrado con la circunstancia de que no tenían médico, situación que se está subsanando con movilización de las 49 Unidades de Atención Domiciliaria desplegadas por el SUMMA112».
Si uno lee estas dos notas y las pone en relación con lo denunciado en multitud de municipios respecto a la falta de personal en estos PAC, es fácil sacar la conclusión de que los centros han abierto casi sin personal… por culpa del personal. En otras palabras, la Administración (en este caso, la autonómica) no tiene responsabilidad ninguna. «En algunos casos», dice la nota, las ausencias han sido comunicadas «con sólo dos horas» de antelación. ¿En cuántos casos ha sido así? No lo sabemos. Ese «en algunos casos» permite dejar la sensación de que ha sido en todos los casos.
Por otro lado, se describe la causa de muchas de esas ausencias: incapacidad temporal, situaciones personales de distinta índole o permisos solicitados por incidencias familiares. ¿Son falsas estas razones para justificar las ausencias? ¿Ha habido un fraude generalizado a la Administración, por parte de estos profesionales?
El problema es que no lo sabemos. La Comunidad de Madrid deja dicho todo esto, pero no dice que las razones aducidas sean falsas. Tira la piedra, pero esconde la mano.
Y aquí es cuando cualquier observadora avezada debería seguir la pista de algunos hechos incontrovertibles y que pueden ayudar grandemente a explicar (ahora sí, explicar) esta situación.
Primer hecho: la Comunidad de Madrid despide a alrededor de 6.000 profesionales sanitarios de distintas especialidades contratados durante la pandemia de COVID, al darse por terminada la fase más «dura» de la misma.
Segundo hecho: A pesar de los múltiples anuncios al respecto, no reabre las urgencias de atención primaria (cerradas desde el comienzo de la pandemia) hasta este 27 de octubre.
Tercer hecho: pone el acento en que el personal adscrito a los PAC «podrá hacer jornadas extra percibiendo por ello una retribución». Con ello, la Comunidad está admitiendo que no las horas extra no se estaban retribuyendo hasta ahora.
Cuarto hecho: Reabre las urgencias con un nuevo modelo, en el que el SUMMA 112 cumple una función (esencial, como se verá ahora) de atención domiciliaria de urgencias, según la propia nota de prensa de la Comunidad de Madrid en la que anunciaba la apertura de los PAC el 27 de octubre: «A su vez, el SUMMA 112 mantendrá todos sus dispositivos y recursos para seguir llevando la atención al domicilio de los pacientes con problemas de desplazamiento o más fragilidad, además de la atención a la urgencia y emergencia sanitaria».
Quinto hecho: La Comunidad anuncia, el mismo 27 de octubre, que convertirá en personal estatutario fijo a las personas del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) que estaban empleadas como interinas y tenían el correspondiente reconocimiento administrativo. Según la propia Comunidad de Madrid, ello implicaría incrementar el personal fijo en 32.000 nuevas plazas, 22.000 de las cuales verían incrementado su salario con efecto retroactivo desde el 1 de octubre pasado, mientras que el resto lo tendrían a partir de enero de 2023.
Sexto hecho: Tal como queda reflejado más arriba, ante la situación de «ausencias sobrevenidas» por parte de profesionales que tendrían que haberse incorporado a los PAC, la Comunidad sustituye a solamente 11 de esas 94 personas que se dan de baja, por otro personal equivalente. El resto lo «cubre» con el servicio de urgencias domiciliarias del SUMMA 112, un órgano que está incluido dentro del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), con el que tan bien y tan a tiempo ha sabido portarse la Comunidad de Madrid.
Cada cual podrá sacar sus propias conclusiones de estos hechos, pero sí dejaremos clara nuestra opinión al respecto: la Administración autonómica ha estado despidiendo ingentes cantidades de personal sanitario desde 2021, a pesar de conocer perfectamente que antes o después tendría que abordar la reapertura de los centros de urgencias de atención primaria (se les denomine como se les denomine). Y esta necesidad no puede ocultar la que existe en otros servicios de Salud pública, sea en hospitales o en centros de otra índole no calificados de urgencias.
Además, conocedora del inmenso malestar reinante entre las y los profesionales de urgencias del SERMAS, calcula que no van a querer seguir admitiendo una situación de infradotación de personal en los centros de urgencias, lo que les llevaría a permanentizar las jornadas dobles, por mucho que ahora estén dispuestos a pagárselas. Y ese cálculo lleva a la Administración autonómica a apresurarse en satisfacer viejas demandas del personal interino del SERMAS, de modo que, cuando llegue la previsible ausencia de profesionales de urgencias de atención primaria, pueda «tirar» de los del SUMMA 112 de forma indiscriminada.
Y hasta aquí hemos llegado.
El pasado 22 de octubre, 50.000 personas se manifestaron en Madrid en favor de un sistema de salud pública digno y de calidad, algo que claramente niegan que exista en la Comunidad de Madrid. De forma específica, se manifestaron por la reapertura de los centros de urgencias de atención primaria con personal suficiente y adecuado en sus diversas categorías profesionales.
El próximo 13 de noviembre, una nueva manifestación, también en Madrid, está ya convocada con muy parecidos objetivos.
Mientras tanto, el personal de atención primaria amenaza con una huelga que, por lo expuesto hasta ahora, parece más que justificada.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso debería estar rectificando sus políticas de destrucción de la Sanidad Pública madrileña. Está jugando con la salud de las y los madrileños de toda la Comunidad, y todo apunta a que el objetivo de ese «juego» no es otro que favorecer a la sanidad privada, expulsando del sistema público a cada vez más gente para que no vea otro remedio que suscribir seguros privados de salud.
La culpa no es de los profesionales que se niegan a trabajar en condiciones inaceptables. La culpa es de la Administración que pretende imponerles esas reglas de juego.
