Las entidades estatales dedicadas a la atención social de la llamada Plataforma del Tercer Sector, achacan al Gobierno una «reducción» de los fondos destinados a ellas y producto de la recaudación por donaciones mediante el 0,7% del IRPF, así como reclaman que no se comparta con las ONGs medioambientales y de cooperación internacional el dinero procedente del recién estrenado 0,7% del Impuesto de Sociedades. El ministerio de Derechos Sociales responde con firmeza: el reparto viene dado por la ley y las ONGs en realidad reciben más dinero que el año anterior.
La ‘guerra’ entre las ONGs de ámbito estatal dedicadas específicamente a la atención social, por un lado, y las de objetivos medioambientales y de cooperación internacional y el ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por otro, se mantiene con los comunicados que recientemente han hecho público algunas de las primeras.
Como muestra, una reciente nota de SuresTEA (que apoya un comunicado del Comité Español de Representantes de Personas con discapacidad, CERMI) achaca al Ministerio «la decisión unilateral por parte del Ejecutivo de reducir sustancialmente el tramo estatal de la recaudación del 0,7% del IRPF de interés social». Se refiere la nota de SuresTEA a la distribución que el Gobierno hace del total de lo recaudado mediante la casilla del 0,7% para fines de interés social, y que tiene un tramo que se distribuye estatalmente, y otro que se deriva a las comunidades autónomas. Este año, el ministerio de Derechos Sociales ha hecho esa distribución aumentando sustancialmente lo que se deriva a los territorios regionales. El mismo comunicado de SuresTEA afirma que «Esta reducción supone un castigo a un sector que viene demostrando su capacidad de respuesta ante situaciones de crisis y que, en la pandemia que estamos atravesando, han sido un factor clave en la ayuda a las personas en situación de vulnerabilidad social».
Fuentes del ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, por su parte, señalan a RIVAS ACTUAL que «No es cierto que se reduzca el dinero asignado». Por el contrario, las ONGs del Tercer Sector dedicadas a Atención Social «reciben 68,5 millones de euros, veinte millones más que en el ejercicio anterior». Las fuentes explican que la distribución por tramos estatal y autonómico se ha modificado más en favor del segudo porque «son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para destinar esos fondos a intervención social directa y poder hacer frente a las necesidades generadas por la crisis del COVID». «De hecho», añaden las fuentes, «con este reparto se beneficia, por ejemplo, Caritas Galicia o Cruz Roja Valencia, mientras que las organizaciones estatales sólo pueden utilizar estos fondos para estructuras centrales, para estudios, para programas de internacionalización».
Estreno polémico del ‘0,7 de las empresas’
Este año, además, se estrenaba un nuevo concepto de distribución de impuestos. El dinero obtenido proveniente del 0,7% de la recaudación en el Impuesto de Sociedades (lo que las empresas pagan por sus beneficios a final de año, y que por primera vez pudieron marcar las empresas como fin específico de ese porcentaje de sus impuestos) se ha distribuido a razón de un 77,7% que gestionará la Secretaría de Estado de Derechos Sociales; un 19,4% que lo hará el ministerio de Asuntos Exteriores; y un 2,8% que será distribuido por el ministerio de Transición Ecológica.
Las entidades de Atención Social, por su parte, acusan a Derechos Sociales de «no dedicar, como exige su Ley reguladora de 2018, la recaudación del 0,7 % del Impuesto de Sociedades a fines exclusivamente sociales». Al respecto, las mencionadas fuentes del ministerio dirigido por Pablo Iglesias explican que «se ha aplicado a lo recaudado mediante este impuesto el mismo criterio que se viene aplicando a lo recaudado mediante el IRPF: distriburlo entre entidades con actividades de interés general consideradas de interés social, que es lo que aparece exactamente en la Ley»
Efectivamente, el apartado 1 de la Disposición Adicional 103 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018, aplicable en este caso, señala que «El Estado destinará a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social, en la forma que reglamentariamente se establezca, el 0,7 por ciento de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los contribuyentes cuyo periodo impositivo hubiese finalizado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, que manifiesten expresamente su voluntad en tal sentido».
La diferencia de criterio, pues, está entre las ONGs de Atención Social, que entienden el término «de interés social» exclusivamente relacionado con aquellas actividades que ellas realizan; y el criterio adoptado por el Ministerio y reclamado por otros tipos de ONGs, según el cual las «actividades de interés general consideradas de atención social» son más amplias que las señaladas por las entidades del Tercer Sector.
Otras ONGs, de acuerdo con Derechos Sociales
En este sentido, varios representantes de ONGs medioambientales y de otras relacionadas con la cooperación internacional han levantado también la voz en contra de la interpretación restrictiva del Tercer Sector.
Así, el coordinador estatal de Ecologistas en Acción, Francisco Segura, valoraba en recientes declaraciones a Europa Press como «lógico» el criterio utilizado por el ministerio de Derechos Sociales. «Sencillamente el reparto que estaba planteando la Plataforma del Tercer Sector era ilegal porque la la ley dice claramente que esos fondos van a subvencionar actividades de interés general consideradas de interés social», añade.
Por su parte, Juan Carlos del Olmo, director de WWF España, explica que «lo raro sería que se excluyera al medioambiente y la cooperación» de este reparto porque, según recuerda en declaraciones también a Europa Press, «la humanidad también afronta una gran crisis ecológica». «Nos parece lógico, llevábamos mucho tiempo abogando por ello», ha subrayado.
