Imagen tomada de Diario de Pontevedra

Se llamaba Samuel Luiz, tenía 24 años, era un joven coruñés con toda la vida por delante que fue vilmente asesinado al grito de “maricón de mierda”. Vayan por delante mi apoyo y cariño a la familia y a los amigos de Samuel, mi condena y mi rechazo a lo que es, sin medias tintas, un asesinato homófobo.

Ante un hecho de esta gravedad, la mayor parte de la sociedad ha alzado la voz para condenarlo, ha mostrado su rechazo a este evidente ataque a la libertad individual de Samuel. Todas las administraciones, todos los partidos políticos deberían haber hecho lo propio, sin titubeos, tal y como hemos hecho desde el PSOE.

Pero no. Hay quien ha preferido contentar a la ultraderecha intentando vestirlo de una agresión más y hablando de Samuel como de un “chico de Galicia”. Como si este linchamiento fuese algo sin trascendencia, como si obviar el nombre de la víctima hiciese que nos olvidásemos de él, y lo que es más grave, de lo que han hecho con él.

Pero no, señora Ayuso, ese “chico de Galicia”, como usted dice, tenía nombre, se llamaba Samuel y ha sido víctima de la homofobia. A las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si es irresponsable no condenar un asesinado homófobo, menos responsable es abrir paso al discurso del odio en las instituciones. Y eso es lo que está haciendo el PP, en su peligroso juego de alianzas con VOX: abrir paso a un discurso homófobo, involucionista y retrógrado.

La derecha extrema, la del PP de la Comunidad de Madrid, que se suponía moderada y liberal, se ha dejado arrastrar hacia posiciones extremistas alejadas de los principios democráticos y de convivencia que deben regir en nuestra sociedad. Esta radicalización del PP parece obedecer a la dependencia que tiene de Vox para ocupar algunas instituciones, como ocurre en la Comunidad de Madrid.

Tras las elecciones autonómicas del pasado 4 de mayo, el PP ha empezado a pagar el peaje que le impone la extrema derecha para sacar adelante las votaciones en la Asamblea de Madrid. Tras cederles un asiento en la mesa del parlamento regional y tras dar la patada en la puerta para volver a convertir Telemadrid en “telePP”, el Gobierno de Ayuso tiene ahora la tentación de ceder en otro de los chantajes de Vox: modificar a su antojo las leyes de Protección Integral contra la LGTBifobia y la Discriminación por Razón de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social, en su intento por establecer un discurso negacionista que afecta no solo a los derechos de las personas LGTBI, sino también a aspectos tan condenables como la violencia machista.

Modificar estas leyes en función de los deseos de Vox no solo las desnaturaliza, sino que hacen retroceder en todos los derechos conseguidos en estas últimas cuatro décadas de democracia, donde ha sido el PSOE el que ha dotado a la sociedad de leyes y de derechos sociales que son un ejemplo en todo el mundo.

No podemos permitir que los intereses y los odios de algunos hagan que retrocedamos en derechos y en libertadas, hagan que retrocedamos como sociedad. No lo vamos a consentir y continuaremos trabajando no solo para no permitir retrocesos sino continuar avanzando en la verdadera libertad.