La elevación de rango de esta norma se corresponde con los requisitos para poder recibir los ‘Fondos COVID’ europeos. El Gobierno transacciona enmiendas del PP y recrimina a Vox sus propuestas de condicionar la concesión de ayudas a la presentación de diversos documentos.
Marisa Pérez, concejala de Servicios Sociales, se mostró ayer brillante en su respuesta a Vox acerca de las enmiendas que este partido planteó a la redacción de la nueva Ordenanza Municipal de Concesión de Ayudas de Emergencia. La edil socialista le espetó a María de los Ángeles Guardiola, de Vox: «Las ayudas de emergencia no tienen plazo. ¿A una persona que se empadrone hoy y se encuentre sin poder comer dos meses después, le vamos a decir que espere cuatro meses más? Eso sería atentar contra los derechos sociales, que son derechos humanos que tienen que ver con la dignidad de las personas, estén o no regularizados en Rivas».
Algunas de las propuestas de Vox, a las que respondía de esta manera Marisa Pérez, iban en el sentido de condicionar la concesión de ayudas de emergencia a cuestiones como un mínimo de seis meses de empadronamiento en el municipio (de ahí las cuentas que sacaba la responsable de Servicios Sociales); o el requisito de que la persona demandante estuviera en posesión de un documento que acreditase su permiso de residencia en España. A esto último respondió también Pérez recordando que las situaciones de emergencia deben ser atendidas «sin importar si quien las sufre reside o no legalmente» en el país. «Ninguna persona es ilegal», sentenció la concejala socialista.
Por el contrario, Marisa Pérez celebró el «tono propositivo» y el espíritu de las enmiendas realizadas por la portavoz del PP, Janette Novo, «sobre todo para una ordenanza con una temática tan sensible». Lo cierto es que las respuestas a Guardiola coincidieron en bastante medida por parte tanto de los partidos del Gobierno, como de la oposición.
La reglamentación, aprobada por 23 votos a favor, ninguno en contra y una abstención de Vox, recogía el requisito de ser elevada a la categoría de Ordenanza Municipal, en lugar del simple reglamento que hasta la fecha estaba en vigor. Este nuevo rango se corresponde con el requisito impuesto por la Unión Europea para poder recibir ayudas de los denominados ‘Fondos COVID’.
