Rivas-Vaciamadrid constituye un lugar muy adecuado para hablar de la vivienda. Sin embargo, hay un análisis obligatorio que se está obviando y que es necesario introducir y es que el derecho a la vivienda está limitado por un entramado legal y estructural para convertir este sector en un negocio y que modificar esta situación requiere de una intervención urgente y radical como la que plantea Podemos.
Lo explicamos: la propiedad de suelo es la que determina el modelo de territorio y desarrollo urbano. El reparto ilegítimo del suelo en este país, durante la dictadura, concentró grandes bolsas de suelo en propietarios favorables al Régimen, acentuando un conflicto de clases que continúa.
A principios de la década de 1980, con la compra de cerca de 100 hectáreas en Rivas-Vaciamadrid, un municipio que contaba con 500 vecinos, arranca uno de los proyectos cooperativistas de vivienda más exitoso del Estado español. Con la construcción de cerca de 6.000 viviendas (finalizadas en 1994) se cambia por completo la configuración del municipio, luchando incansablemente por conseguir una vivienda asequible. Sin contar con infraestructuras ni servicios, un proceso largo y difícil (que tuvieron que asumir las cooperativas originales de Covibar y Pablo Iglesias), que ha marcado el carácter resistente de esta población desde entonces. Da comienzo un crecimiento de aluvión, constituyendo Rivas uno de los ámbitos de mayor expansión demográfica de Europa. Sólo en los últimos 20 años, mientras Madrid crecía en población un 15%, Alcalá de Henares un 20% y Arganda un 90%, en Rivas se ha producido un incremento del 350%, habiéndose superado los 100 000 habitantes.
Pero, hasta a las propuestas para articular un territorio equilibrado, se les da la vuelta sin un adecuado desarrollo de políticas valientes que hagan frente al voraz poder especulativo. Rivas tiene el 73% de su término municipal dentro de los límites del Parque del Sureste (declarado en 1994 por el gobierno de la Comunidad de Madrid del PSOE). En 2010 el Gobierno Regional del Partido Popular, encabezado por Esperanza Aguirre decidió anular la Junta Rectora del Parque (con presencia de Ayuntamientos, Comunidad de Madrid y organizaciones sociales), por lo que la gestión de usos y actividades en el Parque queda en manos directas de la Comunidad de Madrid, sin mecanismos de participación pública orientados a defender el bien común.
En 1998, el gobierno del PP, encabezado por Aznar, aprueba una ley del suelo estatal para favorecer a los grandes propietarios de suelo. Esta ley liberalizó todo el suelo del país, declarando potencialmente urbanizable todo el suelo que no estuviera especialmente protegido, bajo el falso argumento de que poner suelo en el mercado reduciría el precio y la especulación. Tuvo como resultado multiplicar por cinco el valor medio del metro cuadrado urbanizable. No solo no redujo el precio si no que lo convirtió, de nuevo, en inasequible para la población.
La entrada de sociedades de inversión en el mercado inmobiliario (estas Socimi, cuentan con grandes ventajas fiscales, por ejemplo, no pagan impuesto de sociedades y cuentan con una bonificación del 95% de los impuestos relacionados con la compra de un inmueble) a partir de la ley de 2009 aprobada por el gobierno del PSOE de Zapatero, lejos de resolver la crisis financiera mundial de 2007-2008, incrementó el perjuicio a la ciudadanía al sumarse al rescate del sistema bancario que permitió canalizar el regalo de hasta 100.000 millones de euros de dinero público, a la banca y entidades financieras, las mismas que estrangulan a la población con hipotecas abusivas, que promueven los desahucios por impagos y suben el alquiler de las viviendas públicas que adquieren (recordad la venta a fondos buitre de la vivienda pública en alquiler por el gobierno del PP de Ana Botella en el Ayuntamiento de Madrid).
A pesar de las dificultades desde el Ayuntamiento de Rivas se han promovido desde el año 2003, diferentes planes de vivienda pública, aunque de pequeña escala que topan de frente con las dificultades de un modelo económico que controla la financiación. Hasta 2013 se desarrollan 6 planes que posibilitan la construcción de alrededor de 3.500 viviendas públicas (de las cuales se mantienen las 581 construidas para alquiler, el 16%, siendo el resto viviendas para venta). Actualmente están en construcción 86 pisos del Plan de Vivienda Joven (aprobado en 2018). El plan estratégico de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) de Rivas (2025-2028), aprobado a finales de 2024 no está centrado en la construcción de vivienda pública de alquiler asequible sin opción a compra, la fórmula que mejor garantiza el acceso al derecho a una de vivienda pública asequible. Es decir, las últimas viviendas públicas para alquiler se hicieron hace 15 años (2009) y actualmente hay cerca de 5.000 solicitudes, no se puede sacar pecho de esto.
Se genera un modelo de financiación de vivienda de protección oficial orientado a los promotores inmobiliarios, que pueden disponer de créditos bajos de hasta el 80% del coste de la inversión, mientras que las ayudas a vivienda a particulares se han orientado a reducciones irrelevantes del pago individualizado en el IRPF, evitando soluciones colectivas (en la misma línea, ahora se apuesta por el aval de parte del importe de compra de una vivienda por el Estado o entregar un bono de 200 euros para pagar los precios abusivos de los alquileres, pero sin abordar la reducción de éstos). Un estudio de 2024, realizado por CCOO, estima que el Estado ha dejado de ingresar alrededor de 160.000 millones de euros, en los últimos 40 años, con los que se podría haber creado un parque de propiedad pública de 1,6 millones de viviendas en alquiler a precios sociales asequibles.
Quizás en este momento os preguntéis, ante tanta especulación con el suelo ¿no existe una norma que ponga algún límite? Durante 45 años, tanto PP como PSOE, han evitado el desarrollo de esa norma permitiendo excelentes resultados a los grandes propietarios y tenedores de suelo y vivienda. Sólo la presión continuada de Podemos, de Unidas Podemos, el ruido generado en el gobierno de coalición anterior, permitió la aprobación de la primera ley por el derecho a la vivienda en España (Ley 12/2023, de 24 de mayo), obviamente con el voto en contra de todos los partidos de derecha, sin excepción. Una ley aprobada al límite del proceso electoral de 2023, y que, en último momento, por presiones claras de los dueños de este país, llevó al PSOE a incorporar enmiendas que vaticinaban la dificultad para desarrollarla, trasladando, por ejemplo, a las CCAA la declaración de zonas tensionadas que permitieran limitar los precios del alquiler. Dado que el Partido Popular gobierna actualmente en la mayoría de las CCAA, la ley está bloqueada.
En la situación actual en Rivas, el mercado inmobiliario de alquiler, hoy mismo, ofrece sólo un 10% de inmuebles por debajo de los 900 euros al mes (habitaciones, no pisos), estando el resto por encima de los 1000 euros. Todas las viviendas, sin excepción, con precios superiores a los límites de referencia que establece el Índice elaborado por el Ministerio.
De las 211 viviendas en venta, sólo el 3% están por debajo de 200.000 euros (resultando cuotas de hipoteca a 30 años de más de 750 euros/mes), mientras que el 82% está por encima de los 300.000 euros (con cuotas mensuales en torno a los 1.100 euros). Se completa la ecuación especuladora en Rivas, con la reciente construcción de viviendas caracterizadas como “pisos turísticos” (con alquileres por días principalmente), que sólo contribuyen al incremento los precios de viviendas en alquiler.
En los últimos 5 años, el precio de la vivienda de alquiler en Rivas se ha incrementado un 40%. Además, el esfuerzo para la adquisición o pago de la vivienda representa más del 30% de su renta bruta familiar para el 70% de la ciudadanía ripense y hasta el 40% de la renta para cerca de la mitad de la población. Esta situación supone que el 45% de la población de alquiler en España está en riesgo de pobreza o de exclusión social (al frente de los países de la UE-27 y 13 puntos por encima de la media europea, en el periodo 2015-2023).
Desde Podemos queremos enfrentar esta grave crisis, con una propuesta global y desde nuestro nivel de competencia, convencidas de que la política sirve para cambiar las cosas, en Podemos Rivas estamos trabajando en una propuesta para avanzar en la solución del problema (una propuesta viable para un Ayuntamiento que no tiene deuda y puede optar a financiación a tipos bajos).
Lo que entendemos, es que ni PSOE ni PP han tenido nunca la intención de cambiar esta realidad, que solo profundizan en medidas que vuelven a revertir el dinero público al ámbito privado, beneficiando solo a los grandes tenedores, y que además no se planifica alternativa al modelo de desarrollo económico que incluso orienta a las familias con ahorros a invertir en el sector por falta de opciones. Hay alternativas, hay que dejar de parapetarse en el “no se puede” que esconde el “no se quiere”, hay que afrontar cambios estructurales, no solo en los municipios, sino a nivel autonómico y estatal.
La propuesta de Podemos Rivas tiene como objetivo conseguir aumentar el número de vivienda pública de alquiler asequible en Rivas en los próximos 5 años, construyendo una media de 100 viviendas al año en ese periodo y buscando la financiación y/o el aval directos del Estado (créditos ICO), para evitar el bloqueo por la Comunidad de Madrid. Además, teniendo en cuenta los ratios de población, se puede profundizar en el estudio de una ciudad adecuada a su realidad, teniendo en cuenta, por ejemplo, la edad de la población de Rivas y las alternativas a las residencias para mayores, se puede usar el suelo libre existente para el desarrollo de espacios de viviendas adecuadas para mayores del que puedan disfrutar a cambio de la cesión a la gestión municipal de sus viviendas, se amplía el parque de viviendas en alquiler y se da alternativa sostenible y respetuosa a las realidades inasequibles de las residencias para mayores
Desde Podemos Estatal se condiciona el aval a los presupuestos generales de 2025 a intervenir el mercado de la vivienda: bajada inmediata de los precios de alquiler, poner en alquiler social los inmuebles de los fondos buitre, prohibir la compra de vivienda para especular, así como los pisos turísticos ilegales y los desahucios sin alternativa habitacional, e ilegalizar los grupos mafiosos como Desokupa, que extorsionan, amenazan y acosan a las familias vulnerables.
¡Sí se puede!
Javier Bernal Gómez
Rocío Esther Val Val
Círculo de Podemos Rivas.
