La plataforma recuerda que en residencias de personas con discapacidad se han dado ya, desde 2015, varios incidentes que han terminado con un saldo de 28 fallecidos y varias personas heridas.
La Unión de Ciudadanos por la Mejora de las Residencias (UCMR) ha hecho público un comunicado en el que considera «inadmisibles las irregularidades que se han desvelado como claros contribuyentes del desenlace fatal» del incendio ocurrido en una residencia de mayores en Aravaca (Madrid) el pasado 18 de febrero.
La entidad, que transmite «nuestro más sentido pésame a las familias y compañeros de los residentes afectados», considera que las causas del incendio hay que buscarlas en «las carencias de personal que no pueden atender diligentemente en ciertos horarios la asistencia de personas con discapacidades variables en situaciones tan complejas, las deficiencias estructurales y funcionales que entorpecen la labor de los servicios de extinción de incendios, y la aparente ineficacia de las inspecciones que había pasado recientemente la residencia».
UCMR se muestra segura cuando afirma: «Sabemos que a veces los centros inician su funcionamiento y se ocupan sin haber pasado por la debida verificación de seguridad de las instalaciones, e incluso las mantienen funcionando con conocimiento de que tienen importantes deficiencias sin subsanar, o sin realizar mantenimiento y formación rutinarios y debidamente supervisados, como la realización de simulacros de emergencias. Cuarenta fallecidos en incendios de geriátricos en la última década, a lo largo y ancho del territorio español, dan fe de la magnitud del problema».
Historial de tragedias
En este sentido, recuerda algunos de los casos más recientes, desde 2015, ocurridos en residencias y su resultado en fallecimientos y lesiones: «Cuarte de Huerva (Zaragoza) en julio de 2015, nueve fallecidos; Olvera (Cádiz) en junio de 2017, tres fallecidos; Cartagena (Murcia) en febrero de 2018, una fallecida: Soria, un fallecido en enero de 2021 y otro fallecido en una residencia de Sevilla; Moncada (Valencia), en enero de 2022, nueve fallecidos; Guadarrama (Madrid) en abril de 2022, ciento trenta desalojados; Celada del Camino (Burgos) en julio de 2022, tres fallecidos; Matadepera (Barcelona), diciembre de 2022, un fallecido; Torrelodones (Madrid) en junio de 2023, un fallecido y diez heridos; Siero (Asturias), una fallecida y veinte siete heridos, además ciento cincuenta desalojados en Palma de Mallorca, ambos en septiembre de 2023».
Ante esta situación, UCMR pide que «se realicen inspecciones técnicas en todas las residencias que alberguen personas vulnerables, para comprobar el cumplimiento del Código Técnico de Edificación, de la seguridad pasiva del equipamiento, el correcto funcionamiento de los sistemas de protección y seguridad, así como el conocimiento y cumplimiento de los protocolos de evacuación en situaciones de emergencia, sin olvidar del
cumplimiento de las ratios de personal para garantizar el éxito de estos protocolos en cualquier horario . Por supuesto, que en estas inspecciones se tenga en cuenta las limitaciones funcionales de sus moradores, que difícilmente pueden alertar de laos incumplimientos que pueden suponer un grave compromiso de su propia vida y seguridad».
