Considera que el tipo de alimentación contratado por la Comunidad «vulnera, de pleno, no sólo la normativa específica sobre alimentación escolar de carácter estatal o regional, sino también los Acuerdos y Pactos Internacionales suscritos por nuestro país». Recuerdan, además, que el Gobierno regional está dejando sin menús a más de 80.000 alumnos, aparte de los 11.500 perceptores del RMI.
La FAPA “Francisco Giner de los Ríos” comienza el procedimiento de denuncia vía administrativa a la Consejería de Educación, al considerar que «ha transcurrido tiempo más que suficiente para reaccionar y haber dado marcha atrás en la decisión de otorgar a Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes la responsabilidad de llevar a cabo con sus menús el reparto de comida al alumnado de familias más vulnerables«.
«A la elección de dichas empresas nos opusimos desde el primer momento», explican, «pero ha llegado el momento en el que consideramos que no podemos, bajo ningún concepto, que se mantenga esta situación derivada de una nefasta gestión, que no debemos permitir que se perpetúe ni un momento más».
La FAPA regional pregunta al Ejecutivo autonómico: «¿darían de comer ustedes todos los días de la semana de esta forma a sus hijos?, si no es así, ¿por qué lo propician para los hijos e hijas de los demás?».
Tres errores
El comunicado de la FAPA Giner de los Ríos identifica trees «grandes errores» en el comportamiento de la administración regional.
El primero de ellos es «tomar la decisión, unilateral, por supuesto, como todas las demás, de ayudar únicamente al alumnado cuyas familias son perceptoras de la Renta Mínima de Inserción (RMI), siendo abandonadas por la administración el resto de los beneficiarios de precio reducido en el servicio de comedor escolar. Es decir, están siendo beneficiados en teoría 11.500 niños y niñas, cuando según los datos aportados en el último informe del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid, deberían estar siéndolo 93.367. Por tanto, han sido descolgados más de 81.000 alumnos, de entre los cuales, la mayoría, pertenecen a familias que poseen una renta per cápita inferior a 4.260 euros.
El segundo error es argumentar, por parte del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, una «justificación puramente económica». Se trata de un «error» que «cae por su propio peso, no solo porque existen empresas que realizarían la labor por debajo del precio pactado con Telepizza, Rodilla y Viena Capellanes, sino también porque esta decisión ha implicado la realización de unos Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) o despidos, asumiendo con ello indemnizaciones por costes salariales, mantenimiento de la garantía definitiva, alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria o pólizas de seguro, entre otros, que finalmente en su globalidad supondrá un gasto a la Administración muy superior.
Y por último el tercer error estaría en «los inexplicables menús que están recibiendo nuestros hijos e hijas. Resulta irrefutable el informe pericial que hemos presentado junto con la denuncia, firmado por 18 profesionales nutricionistas, que analiza el valor nutricional
de estas comidas».
Vulneración de normativa
Según la FAPA, la actual situación respecto a la alimentación dispensada por la Administración a las familias perceptoras del RMI «vulnera, de pleno, no sólo la normativa específica sobre alimentación escolar de carácter estatal o regional, sino también los Acuerdos y Pactos Internacionales suscritos por nuestro país, que no permiten excluir la obligación de los estados de prestar una alimentación digna y adecuada, ni siquiera en tiempos de catástrofes».
Además, añade la entidad, «debemos tener en cuenta que con la distribución de estos menús se dejan de controlar de forma adecuada, ya no solo las alergias, intolerancias
alimenticias o patologías que requieren manejo nutricional, sino también la posible contaminación cruzada que pueda existir entre alimentos y que en determinadas alergias son de respeto ineludible».
«Es urgente replantear esta situación», continúa la FAPA, ya que «la alimentación que en estos momentos está promoviendo la Administración puede llegar a tener serias repercusiones en la salud de nuestros hijos e hijas de manera directa e indirecta, como, por ejemplo, la ingesta continuada de hidratos de carbono de elevado índice glucémico pueden producir, generando a la larga, resistencia a la insulina o diabetes, o el simple hecho de que una mala alimentación puede afectar al normal descanso y al estado emocional».
Negociar con las empresas de comedor
Es por todo lo anterior, por lo que desde la Federación instamn a la Consejería de Educación a que realice «un radical cambio de rumbo en esta materia, y retome las conversaciones con las empresas de comedor que anteriormente suministraban a los Centros Educativos y que cumplían todos los requisitos nutricionales exigidos en los pliegos de prescripciones técnicas establecidos en el acuerdo marco para la prestación del servicio de comedor».
Al mismo tiempo, exigen que la Comunidad «no abandone al resto de las familias vulnerables que están viviendo una situación de desamparo más, allá de las perceptoras de la RMI».
Por último, la FAPA Giner de los Ríos agradece «que algunos Ayuntamientos, viendo las carencias alimenticias que generan estos menús de comida rápida, están resolviendo esta situación suplementando estos menús con el reparto y distribución de comida saludable, reiterando que sería una auténtica irresponsabilidad por parte de la Comunidad de Madrid el mantener esta situación por más tiempo».
