La EMV está construyendo 83 viviendas de alquiler para jóvenes y empezará las obras de otras 93 en el año 2025. El Gobierno municipal ha vuelto a denunciar que la Comunidad de Madrid rechace la solicitud de Rivas de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionada.
El Pleno municipal aprobó ayer la ampliación de capital prevista en el plan financiero de la EMV, que permitirá la construcción de más de 500 viviendas públicas, tal y como se recoge en el Plan Estratégico de la empresa municipal que abarca desde 2025 hasta 2028. Esta inyección de capital, por importe de 17,5 millones de euros, servirá, según una nota municipal, para «fortalecer económica y financieramente la EMV, como mejor herramienta para la intervención en el mercado de la vivienda, claramente tensionado».
El Plan Estratégico de la EMV incluye la construcción de las viviendas en varias fases. Entre ellas, destaca la entrega en 2025 de las 83 viviendas en régimen de alquiler destinadas a jóvenes, que se están terminando ya en la ciudad.
Estas más de 500 viviendas se sumarán al importante parque público construido por la EMV desde su fundación: cerca de 3.000 viviendas públicas en propiedad y un parque de 671 viviendas en régimen de alquiler. La EMV de Rivas es la tercera empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas en su parque propio de alquiler, solo por detrás de la Agencia de Vivienda Social (antiguo IVIMA) y de la EMVS de Madrid, y es la primera en términos relativos respecto a su población.
Desde el Gobierno municipal se ha destacado esta mañana que, con este plan estratégico, «Rivas continuará siendo un referente en vivienda pública y hacer efectivo así el derecho a la vivienda». Además, se ha defendido el modelo de empresa pública, anteponiendo «la rentabilidad social y la intervención en el mercado de la vivienda para mejorar la vida de la gente».
Tanto PP como Vox y la concejala no adscrita volvieron a insistir en sus advertencias sobre lo que consideran una «situación de falta de iliquidez» de la empresa pública, señalando a la deuda que ésta tiene con distintas administraciones y organismos o empresas. La portavoz del Partido Popular, Janette Novo, añadió a esta crítica las relacionadas con el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores por parte de la EMV, que situó «en 500 días»; y la contratación de un gerente para la empresa, que, dijo, «cuesta casi 200.000 euros anuales».
El Gobierno, por medio de la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, señaló que el plazo de pago a proveedores está distorisionado por el contencioso con la Agencia de la Vivienda Social, por diferencia de criterios sobre si corresponde o no abonarle lo que ésta reclama. Asimismo, defendió la contratación del gerente para dotar de mayor «eficiencia y eficacia» a la gestión de la empresa.
Declaración de zona tensionada
El Gobierno municipal volvió a denunciar que la Comunidad de Madrid rechace la solicitud de Rivas de declarar la ciudad como zona de mercado residencial tensionada, opción recogida en la Ley por el Derecho a la Vivienda aprobada en 2023 por el Gobierno de España.
En la mencionada nota municipal se explica que «Rivas cumple con los requisitos establecidos por la citada ley, que busca garantizar el derecho a la vivienda de toda la ciudadanía. La declaración de zona residencial tensionada permite a los ayuntamientos aplicar medidas específicas para contener el aumento de los precios del alquiler y limitar las rentas de los grandes tenedores». Además del Gobierno local, distintas organizaciones y colectivos vienen reclamando esa declaración de zona tensionada desde 2023.
