La oficina de la Defensora del Pueblo requiere a la Consejería dirigida por Borja Sarasola, que convoque el Consejo de Medio Ambiente «sin demora». Recrimina a esta administración que no responda a sus preguntas y le advierte que la participación pública es mucho más que consultar a los consejos. La Defensoría responde, de esta forma, a una queja interpuesta el pasado mes de diciembre por los representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente.
El Consejo de Medio Ambiente es el órgano que permite a la sociedad civil participar en la toma de decisiones en materia ambiental. Este órgano debería reunirse al menos una vez al año, sin embargo desde julio de 2010 no se convoca. El pasado mes de diciembre, los representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente, Mª Ángeles Nieto (Ecologistas en Acción) y Raúl Urquiaga (GRAMA), denunciaron ante la oficina de de la Defensora del Pueblo, esta situación.
En ese momento, la Consejería de Medio Ambiente negó que se estuviesen vulnerando los derechos de participación. Ahora, la Defensoría desmiente esa versión e insta a la Consejería a «convocar sin demora, y en todo caso antes de que acabe 2014, el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid«. Pero la oficina de la Defensora del Pueblo no se limita a este requerimiento, también recrimina a la Consejería de Medio Ambiente que no conteste a sus preguntas. Tanto es así que le reitera la solicitud de información y le solicita una respuesta motivada.
Más importante, valoran los colectivos ecologistas, es que la Defensoría ha entendido el problema de la falta de participación real que existe en la Consejería de Medio Ambiente. Por ello insta a la administración ambiental a que le informe sobre el cumplimiento de las garantías de participación pública recogidas en la normativa de aplicación. En concreto dice: «esta institución ha aclarado a la Consejería que las garantías previstas en la Ley 27/2006 no sólo se limitan a la consulta de los consejos de participación ambiental«, «la información que se ha solicitado a la Consejería es la relativa a todas las demás garantías de participación pública reconocidas en la citada Ley, es decir al cumplimiento de lo previsto en sus artículos 3.2 y conexos«.
Las organizaciones ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama «El Soto, Ecologistas en Acción y GRAMA valoran muy positivamente la contestación de la oficina de la Defensora del Pueblo. Estos colectivos todavía confían en que «la Consejería de Medio Ambiente cambie de actitud y abra a la participación su gestión y mejore en transparencia», según la nota que han hecho pública.
