La oficina de la Defensora del Pueblo ha admitido a trámite una queja presentada por representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. A pesar de que el pleno de este órgano tiene que convocarse al menos una vez al año, no se han celebrado reuniones desde 2010, como señalan Ecologistas en Acción y GRAMA en el escrito dirigido a la Defensora. Los ecologistas lamentan el «bloqueo a la participación que ejerce el consejero de Medio Ambiente de la Comunidad, Borja Sarasola».
El Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid es un órgano consultivo y asesor, creado en 1996 para impulsar la participación de las organizaciones interesadas en la defensa del medio ambiente en la elaboración y seguimiento de las políticas medioambientales. Sin embargo, como este órgano no se reúne, según denuncian los ecologistas, «resulta imposible ejercer este derecho».
En marzo de 2011, el Consejo de Medio Ambiente sufrió una serie de modificaciones en relación a su composición y funcionamiento, derivados de la eliminación de la totalidad de los órganos de participación de los espacios protegidos, vías pecuarias, caza y pesca. Así, el Consejo de Medio Ambiente asumió las competencias del resto de los órganos desaparecidos. Por ello, el funcionamiento del Consejo de Medio Ambiente se articula en pleno y en secciones sectoriales (parques regionales, vías pecuarias, caza y pesca). Existe la obligación de que el pleno se reúna, al menos una vez al año (artículo 6 del Decreto 10/2011, de 17 de febrero, del Consejo de Gobierno, por el que se modifica el Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid). Las secciones carecen de periodicidad mínima establecida y es el presidente de cada sección o el del pleno quienes determinan las reuniones (artículo 7 del Decreto 10/2011).
El pleno del Consejo de Medio Ambiente no se reúne desde julio de 2010. En cuanto a las secciones -salvo la de Caza y Pesca- no se han constituido y tampoco se reúnen. El presidente del pleno, y por tanto quien debe convocar sus reuniones, es el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Borja Sarasola. El presidente de la única sección que existe, la de Caza y Pesca, es el Director General del Medio Ambiente, Ricardo Riquelme. En los últimos meses, los representantes ecologistas en el Consejo de Medio Ambiente, Mª Ángeles Nieto (Ecologistas en Acción) y Raúl Urquiaga (GRAMA) se han dirigido en dos ocasiones a Sarasola solicitándole que rompa el bloqueo del pleno del Consejo de Medio Ambiente. «Ni siquiera ha contestado», explican los ecologistas.
Una de las funciones exclusivas del pleno del Consejo de Medio Ambiente es informar sobre los anteproyectos de ley que tengan relevancia medioambiental (artículo 2 del Decreto 10/2011). Sin embargo, en diciembre de 2012 se aprobó la Ley de Viviendas Rurales Sostenibles (Ley ViRuS) que permite la construcción de grandes mansiones en suelo protegido. En junio de 2013 se aprobó la Ley del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. Este año ha entrado en vigor la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas (Ley Mazazo), incluyendo la derogación del Parque Natural de Peñalara, la reducción del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares, así como la eliminación de la figura del Director-Conservador de este espacio. También se han modificado las leyes de todos los parques regionales para permitir usos turísticos, hosteleros y urbanísticos y se ha dejado sin competencias a sus Directores-Conservadores. Según los denunciantes, «Ninguna de estas cuestiones fue presentada ni explicada al Consejo de Medio Ambiente».
El pasado 18 de diciembre, los representantes en el Consejo denunciaron estos hechos ante la oficina de la Defensora del Pueblo. Recientemente ésta ha comunicado la admisión a trámite de la queja y el inicio de actuaciones ante la Consejería de Medio Ambiente. Desde la creación del Consejo de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, «ningún consejero había mostrado tanta reticencia a convocar este órgano y nunca se había vivido un período de tanta opacidad como el actual» denuncian GRAMA y Ecologistas en Acción. Por ello, ambas organizaciones valoran «positivamente la decisión de la Defensoría».
