El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso sigue lo que parece ser una norma basada en su «no identificación» con «el espíritu» de la Ley de Vivienda.
El Gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha contestado negativamente a la petición del Ayuntamiento de Rivas, realizada recientemente por registro, de declarar la ciudad como zona tensionada en materia de vivienda.
Así se deduce de la carta que la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha enviado a la Presidenta autonómica, en la que insiste en la mencionada petición y recuerda que «quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos también de hacer todo lo posible para garantizar a la ciudadanía un derecho básico, como es el derecho a la vivienda».
La carta señala como no válidos el argumento y los ejemplos que ya dio en su momento el Consejero de Vivienda, Jorge Rodrigo Domínguez, en el sentido de que «no comparte el espíritu de la Ley de Vivienda» porque «la regulación excesiva e intervencionista sobre el mercado provoca el efecto justamente contrario al deseado: la reducción de la oferta, el aumento de la demanda y la subida de los precios».
Según la carta, Rodrigo había mencionado como ejemplo de esto último a la ciudad de Barcelona, entre otras. Aída Castillejo recuerda, al respecto, que se trata de un dato que queda invalidado por la información aportada en Madrid, la pasada semana, por la Consejera de Territorio y Vivienda de la Generalitat catalana, Silvia Paneque y Sureda. Según la carta, Paneque aportó el dato de que los precios de la vivienda de alquiler «cayeron entre un 3% y un 5% en Catalunya durante los dos primeros trimestres de 2024, coincidiendo con la entrada en vigor de la regulación de las rentas».