Los colectivos ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo denuncian el tijeretazo realizado por la Consejería de Medio Ambiente a la Red de Centros de Educación Ambiental, muestra del desinterés medioambiental del Gobierno regional. La Red de Centros han despilfarrado grandes sumas de dinero público para el lucro de un grupo de empresas mientras las condiciones de sus trabajadores se han ido deteriorando progresivamente con los años bajo el beneplácito del Área de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Los colectivos ecologistas exigen na educación ambiental pública y ligada a los objetivos de gestión y conservación de los espacios protegidos, ajeno a ser un mecanismo de financiación de entidades privadas y de propaganda institucional.
Los recortes para reducir los servicios públicos en la Comunidad de Madrid también están llegando a la educación ambiental. La Consejera Ana Isabel Mariño, a través ha decidido reducir la cuantía que reciben las empresas privadas que gestionan los Centros de Educación Ambiental de Polvoranca (Leganés), Arboreto Luis Ceballos (El Escorial), Manzanares y El Águila (Chapinería). Los recortes han ocasionado el despido de al menos 14 educadores1 de estos cuatro centros y EREs de reducciones de hasta el 50% de la jornada que afectan al menos a cuatro centros.
Estas actuaciones ponen de manifiesto el desinterés en la educación ambiental de calidad de la Consejera Mariño y el desmantelamiento de la Red de Centros. A través de la gestión desde el Área de Educación Ambiental, dirigido por Alberto Alonso, las condiciones de la Red de Centros y de sus trabajadores se han ido haciéndose cada vez más precarias. De hecho la reducción de los equipos va acompañada además de reducciones presupuestarias. En el mes de diciembre saldrán a contrato algunos de estos centros, en la que se espera que se culmine esta escabechina.
Actualmente la Red de Centros de Educación Ambiental de la Comunidad de Madrid está compuesta por 11 centros repartidos por todo el territorio regional, normalmente asociados a espacios naturales protegidos o zonas periurbanas e cierto valor ambiental (Bosque Sur o Polvoranca). Con las actuales reducciones de personal y de jornadas difícilmente podrán mantenerse unos mínimos de calidad en el servicio que venían dando hasta ahora, rompiéndose los equipos y los programas a medio plazo. Los centros afectados únicamente podrán seguir funcionando como instalaciones de actividades puntuales, con una baja calidad y con equipos cada vez más desconexos.
La Red de Centros ha servido para que la Comunidad de Madrid despilfarre grandes cantidades de dinero público (con un presupuesto de 4.500.000 de euros en 2009) entre unas pocas empresas del sector. Actualmente la gestión de los 11 centros de la Red está repartida entre una cuatro empresas. Este oligopolio ha redundado en unas deficientes condiciones laborales para un personal de sobra cualificado y que, en la mayoría de las ocasiones, ha mantenido un gran nivel de calidad de los centros gracias al esfuerzo personal y a la profesionalidad de sus trabajadores. Estos presupuestos, gestionados directamente desde la institución regional, hubieran representado un ahorro considerable de dinero público, mejores recursos y mejores condiciones de trabajo para los equipos de educadores.
Sin duda este tijeretazo de Ana Isabel Mariño a la educación ambiental no debe ser achacable únicamente a motivos económicos. Detrás existen otras razones de más peso. Mantener equipos de profesionales que informen y comuniquen a los ciudadanos cuál es la realidad del medio ambiente madrileño chocaría con la política de propaganda y autobombo del Gobierno Regional. Y eso el gobierno del PP no lo puede permitir.
Una muestra del desinterés que la Red de Centros ha tenido para la Consejería de Medio Ambiente ha sido que a los distintos centros se les ha mantenido al margen de la gestión de los espacios naturales en los que se ubicaban, con lo que en demasiadas ocasiones sus actividades poco tenían que ver con los programas de conservación y las actuaciones ue se estaban llevando a cabo en sus respectivos territorios. Este hecho ha ocasionado una pérdida de oportunidades y de recursos y una falta de provecho para los fondos públicos.
Los colectivos ecologistas ARBA, El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo demandan un giro radical en la educación ambiental realizada por la Comunidad de Madrid bajo los siguientes supuestos:
– Gestión pública de todos los centros de educación ambiental, formados por equipos de educadores pertenecientes a la Administración Regional.
– Coordinación directa de todos los centros en espacios naturales protegidos con la Dirección de los mismos, realizando su actividad en consonancia con los objetivos de conservación y gestión .
– Dotación de una Red de Centros coherente con el territorio regional. La mayor parte de los centros se encuentra concentrada en la zona de la sierra, mientras espacios protegidos como el Parque Regional de la Cuenca Media del Guadarrama carecen de estos recursos.
– Dimisión del Jefe de Área de Educación Ambiental, Alberto Alonso y readmisión de todos los trabajadores afectados por el tijeretazo.
