Registró ayer la solicitud ante la Comunidad de Madrid y recordó que «es una obligación de todas las administraciones trabajar para garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la población, especialmente en momentos como los que vivimos ahora en los que cada vez destinamos más ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca».
La Alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, junto con la concejala de Urbanismo y Vivienda, Yasmin Manji, registraron ayer, miércoles, una solicitud ante la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el sentido de que la administración regional acepte declarar a Rivas como zona residencial tensionada.
Aída Castillejo valoró que con esta petición se pretende «proteger aún más el derecho de la ciudadanía ripense a vivir en nuestra ciudad». Un derecho que el Ayuntamiento apoya, según la Alcaldesa, con una política que «es una referencia en materia de vivienda pública y protegida y va a seguir siéndolo, con la construcción de las 83 viviendas de alquiler joven y el VII Plan de la Empresa Municipal de Vivienda».
Castillejo declaró, tras la presentación de la solicitud, que «la vivienda es un problema estructural en nuestro país» y que «es una obligación de todas las administraciones trabajar para garantizar el derecho a la vivienda del conjunto de la población, especialmente en momentos como los que vivimos ahora en los que cada vez destinamos más ingresos a pagar el alquiler o la hipoteca».
La declaración de un municipio, o de una parte del mismo, zomo zona tensionada en materia de vivienda es una herramienta de la Ley por el Derecho a la Vivienda, que solo pueden aprobar las comunidades autónomas y que permite a los ayuntamientos aplicar medidas específicas para contener el aumento de los precios del alquiler y limitar las rentas de los grandes tenedores. En el caso de Rivas, un informe técnico emitido por la Empresa Municipal de la Vivienda concluye que se dan en el municipio los requisitos establecidos en dicha Ley para señalar al municipio con esa calificación.
Limitación de precios e incentivos fiscales
La concejala Yasmin Manji hizo un recordatorio de las medidas específicas que la Ley permite poner en práctica a un ayuntamiento, si la comunidad autónoma correspondiente admite la calificación de zona tensionada para el mismo.
Manji destacó «la obligación de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato en vigor», o que «en los nuevos contratos a nuevos inquilinos se limite el precio del alquiler a la renta del contrato anterior». En este último caso matizó que se establece como excepción una posible subida de hasta un 10% sobre el precio del último contrato si se hubieran efectuado obras de rehabilitación o mejora, de accesibilidad o que supongan un ahorro de energía acreditado en los dos años anteriores, o que el contrato se firme por un periodo mínimo de 10 años.
Del mismo modo, explicó la concejala, se establece la condición de gran tenedor para aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos cinco años.
No todo son limitaciones, sin embargo. También se propone «la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías».
Por último, se solicita la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler. La concejala valoró que «La Empresa Municipal de Vivienda de Rivas es la empresa pública de la Comunidad de Madrid con mayor número de viviendas en su parque propio de alquiler en términos relativos». «Con este plan específico de vivienda solicitamos que las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, acompañen a los ayuntamientos con financiación para el incremento del parque público de viviendas”, concluyó la concejala de Urbanismo.
