Recuerda que «ya habíamos reconocido» esa deuda ante la Comunidad y afirma la voluntad del Gobierno local de saldarla. No obstante, señala que «habrá que ver cuánto de ese dinero hay que descontar por los gastos que el Ayuntamiento ha tenido en esa promoción» de viviendas.
Aída Castillejo, alcaldesa de Rivas, aseguró el pasado viernes que «ya se ha sentado» con el Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid para acordar cómo realizar el pago de los más de 2,5 millones de euros que una sentencia judicial fijó que debía pagar, relacionado con las viviendas que la Agencia de la Vivienda Social, dependiente de la Comunidad de Madrid, tiene en el barrio Centro de Rivas.
La Alcaldesa afirmó que desde hace años «ya habíamos reconocido» esa deuda ante la Comunidad, y que ahora se trata de ver la forma en que se hace la liquidación de la cuantía correspondiente. Entre otras cosas, Castillejo recordó que «Este Ayuntamiento se ha gastado mucho dinero en esa promoción y tendremos que hacer cálculos para ver cuánto tenemos que poner realmente», una vez acordada la cantidad a descontar relacionada con esos gastos.
Viviendas sociales traspasadas a un fondo buitre
En 2016 el Ayuntamiento de Rivas anunció que interpondría una querella contra el Grupo Ortiz por un contrato «abusivo» vinculado a la gestión de un edificio de 124 viviendas sociales, ubicadas en el entorno de la Avenida de Levante y la calle Frida Kahlo, de cuya gestión se había hecho cargo mediante un acuerdo con el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA, que posteriormente pasó a denominarse Agencia de la Vivienda Social). El motivo que en aquel momento puso el Ayuntamiento para presentar la querella estaba relacionado con un informe municipal que señalaba que el contrato por el que se traspasaba a la Corporación municipal la gestión de los alquileres de dichas viviendas, era «lesivo para los intereses municipales».
En concreto, fue el consejo de la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Rivas quien denunció a la sociedad de inversión SCI, participada accionarialmente por el Grupo Ortiz y a la que este último había traspasado sus derechos sobre los alquileres de las viviendas, con el propósito de intentar anular el contrato firmado por IVIMA en 2005, por el que la EMV asumía la gestión de los pisos de protección oficial, según explicó en su momento el Consistorio de Rivas.
Esta gestión fue aceptada en su momento por la EMV de Rivas para intentar frenar los abusos que los inquilinos de las viviendas sociales denunciaban. Éstos señalaban la falta de mantenimiento de las viviendas por parte de SCI, mientras que se les exigía el pago de las rentas sin afrontar sus obligaciones como arrendador.
La decisión de iniciar acciones judiciales contra el fondo de inversión fue respaldada en su momento por todos los grupos municipales salvo el PP, que se abstuvo, después de haber tenido acceso a un informe emitido por la interventora municipal que califica el contrato de «abusivo y lesivo para los intereses municipales», puesto que contenía unas condiciones «leoninas» impuestas por el Instituto de la Vivienda de la Comunidad de Madrid.
Posteriormente, en 2017, una sentencia judicial falló a favor del fondo SCI, pero en un error judicial designó a la Comunidad de Madrid como responsable subsidiaria de indemnizar al fondo. Ese error es el que el Ayuntamiento reconoció en su día, según la Alcaldesa, y por el que se comprometió a negociar el pago a la Comunidad de la cantidad de la que se le hizo responsable indebidamente.
El PP de Rivas exige que el Ayuntamiento pague
El Partido Popular de Rivas emitió recientemente una nota de prensa en la que se posicionaba como abanderado de la Comunidad de Madrid al exigir al Gobierno local que pague los más de 2,5 millones de euros que restan por abonar a SCI, fruto de la mencionada sentencia.
La candidata del PP a la Alcaldía, Janette Novo, ha dicho al respecto: “Es un escándalo que la EMV de Rivas no cumpla con las sentencias judiciales y siga dilatando un proceso por el que tarde o temprano tendrá que responder.
