Izquierda Unida y Podemos Rivas denuncian que el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración lanzado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso afecta a no menos de diez aspectos de la actividad económica y administrativa. Alegan que el Gobierno autonómico publicó el anteproyecto el pasado 23 de diciembre y declara su intención de tramitarlo por procedimiento de urgencia, dando de plazo hasta el 3 de enero para formular alegaciones. Los plazos incumplen los requisitos de información y participación ciudadana previstos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. IU y Podemos Rivas exigen la “retirada del anteproyecto de Ley”.
Izquierda Unida y Podemos de Rivas han denunciado hoy la pretensión del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso de tramitar por el procedimiento de urgencia, y “con plazos ridículamente cortos”, el anteproyecto de Ley de Medidas Urgentes para el Impulso de la Actividad Económica y la Modernización de la Administración. Las dos formaciones locales exigen, por ello, “la retirada del anteproyecto”.
Según explican los grupos políticos municipales en un comunicado, se trata de una Ley que afectará a no menos de una decena de aspectos económicos y administrativos de gran calado, pero los plazos para formular alegaciones al mismo se han establecido del 24 de diciembre de 2021 al 3 de enero de 2022. La coincidencia con el grueso de las fiestas navideñas resulta “escandalosa”, en opinión de Aída Castillejo y Vanessa Millán, coportavoz y portavoz de IU Rivas y Podemos Rivas, respectivamente.
“Se trata de un intento evidente de colar un anteproyecto de ley de mucho alcance en condiciones que podríamos denominar de Navidad y alevosía”, han declarado ambas dirigentes locales, alegando que «en los diez días estipulados para la formulación de alegaciones se incluyen nada menos que cuatro festivos o semi-festivos».
Del igual manera, la coportavoz y la portavoz recuerdan que la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, “señala como imprescindible garantizar de modo adecuado la audiencia y participación de la ciudadanía en la elaboración de las normas, algo que en absoluto se cumple con los plazos en los que se presenta el anteproyecto”.
Las dos señalan también la reacción que la Federación Profesional del Taxi de Madrid (FPTM) ha hecho pública respecto a la voluntad de aprobar “con nocturnidad y alevosía” este anteproyecto. La FPTM ha anunciado que reclamará 2.500 millones de euros a la Comunidad de Madrid “por los daños derivados de la modificación ‘encubierta y sin comunicación’ de la Ley de Transportes”, una de las afectadas en el anteproyecto de Ley.
Una Ley de mucho alcance
IU y Podemos Rivas alegan en dicho comunicado que el anteproyecto afecta a la práctica totalidad de las áreas del Gobierno regional, provocando diversos cambios legales en materia del juego, educación, suelo, sanidad, transparencia, deporte, transportes, entre otras. Castillejo como Millán han señalado en concreto la afectación que este anteproyecto de ley conlleva sobre el Parque Regional del Sureste, carente en la actualidad de Plan Rector de Uso y Gestión (PROUG) según las representantes debido a la desidia de la administración regional. Declaran desde las dos formaciones políticas que, con la aplicación de este anteproyecto se concede al Consejo de Gobierno Regional poder “modificar los límites establecidos de los anexos cartográficos de la correspondiente ley declarativa” y elimina “la necesidad de obtener autorizaciones medioambientales para realizar actividades como la caza, la pesca o la instalación de tendidos aéreos, eléctricos y telefónicos por poner algunos ejemplos”.
Ambas dirigentes manifiestan en el comunicado que es inadmisible que, a un espacio natural protegido, “como el Parque Regional del Sureste, que ya adolece de muchas actividades que degradan el propio Parque y su entorno”, se le pretenda abrir con este anteproyecto de Ley “una puerta para la legalización de nuevas actividades económicas, que terminarán de deteriorarlo y convertirán el único espacio natural con que cuentan Rivas y otros municipios vecinos, en un espacio insostenible”. Y consideran “inaceptable” que el Plan Rector de Uso y Gestión que Díaz Ayuso pretende aprobar, dentro de esta Ley, “se va a redactar sin la necesaria participación de entidades ecologistas y de ayuntamientos”.
Castillejo y Millán también han mostrado su preocupación ante una de las múltiples medidas que contiene esta Ley, como es la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, que se presenta como “un nuevo ente público, con plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios” y que actuará “con sometimiento al Derecho Privado”. Con esta medida, Ayuso pretende crear un organismo independiente que podrá constituir o participar en cualquier entidad que adopte la forma de sociedad mercantil. “Esta Agencia podría suponer un nuevo ataque a la sanidad pública madrileña”, señalan.
