Una de las últimas medidas puestas en marcha por el Gobierno de España, ha sido la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. Son muchos los motivos por los que una medida de este tipo era imprescindible para nuestro país, pero el principal es la justicia social.
Podemos afirmar que, después de la Ley de Dependencia, también aprobada bajo firma socialista, este Ingreso Mínimo Vital es uno de los avances sociales que más se necesitaban. Y, sin duda, podemos afirmar que, en ambos casos, el objetivo es ayudar y proteger a las personas en situación más vulnerable, y han supuesto un avance en justicia social y un avance del Estado de Bienestar.
Este Ingreso Mínimo Vital crea nuevos derechos sociales, con un coste anual de 3.000 millones de euros, que va a poder amparar a cerca de 850.000 hogares, cerca de 2,3 millones de personas. Se trata, sin duda, de una medida histórica y trascendental, puesta en marcha en un momento de gran dificultad para nuestro país, y por tanto, de gran dificultad para muchas personas.
Esta medida debe considerarse como un nuevo derecho ciudadano que asegure una red última de seguridad para todos y todas, para que toda la ciudadanía cuente con un mínimo de ingresos que les permita vivir dignamente. Una medida que persigue frenar y reducir la pobreza extrema, con especial atención al compromiso prioritario de erradicar la pobreza infantil, así como promover la tan necesaria inclusión social y la inserción en el mercado laboral. Una medida que lucha contra la vulnerabilidad económica, la cual genera un círculo vicioso de desigualdad, falta de oportunidades e incertidumbre en la vida de la ciudadanía y que se ha visto agravada con la crisis del Covid-19.
A pesar de la necesidad e importancia de la puesta en marcha de una medida de estas características, hay quienes, porque no deben conocer ni padecer la realidad que viven muchos hogares de nuestro país, han pretendido descalificar esta medida llamándola “paguita”, asegurando que iba a ser una medida generadora de “vagos”, o servir de “efecto llamada” para inmigrantes. Sin duda, unas afirmaciones irresponsables y alejadas de la realidad, que solo podrían entenderse (si es que de algún modo alguien pudiese entenderlas, yo desde luego no) si responden a una estrategia política, a una falta de conciencia social o a la defensa de un modelo de sociedad muy alejado a la defensa de la igualdad de derechos y oportunidades. A quienes osan hacer estos calificativos decirles que no es caridad, es protección. No es compasión, es justicia y es decencia.
Por justicia y por decencia, aunque haya a quienes les moleste e incomode, en el PSOE, seguiremos trabajando, como hemos hecho hasta ahora, para continuar avanzando en derechos, en libertades, en igualdad, en justicia social, en democracia… seguiremos trabajando para que nadie quede atrás.
