Las declaraciones, el pasado miércoles, del viceconsejero de Salud Pública de la Comunidad, Antonio Zapatero, insinuando un confinamiento de barrios madrileños como el de Puente de Vallecas, seguidas un día después por la «matización» del consejero de Justicia e Interior, Enrique López, quitando hierro a esa declaración, han abierto una rebelión que se extiende como la pólvora por el emblemático distrito y por otros del Sur madrileño, como Usera o Villaverde.
Otras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso insinuando que el «modo de vida» de la población latinoamericana y de otras procedencias está facilitando el crecimiento de la pandemia han echado más leña a ese mismo fuego. Surgen ya comunicados de protesta e insumisión ante lo que se considera un señalamiento con el dedo a una de las poblaciones más empobrecidas de la capital para convertirla en chivo expiatorio de la gestión del Ejecutivo madrileño.
El (hasta ahora) último acto de esta farsa ha sido el ofrecimiento del Presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, de reunirse con la presidenta de la Comunidad de Madrid para hablar de «cogobernanza» de la región. Una oferta aceptada a toda prisa por Díaz Ayuso, que intenta hacer ver que se trata de un logro de su Ejecutivo, en lugar de un rescate impuesto por los pésimos datos de crecimiento de la pandemia y la inexistencia de políticas claras y hechos veraces en la gestión. Nada menos que el vicepresidente de la propia Comunidad Autónoma, Ignacio Aguado, aprovechó ayer una comparecencia ante los medios para lanzar lo que puede considerarse un S.O.S. al Gobierno central para que intervenga en la crisis madrileña. Dice Aguado que una Comunidad Autónoma no puede frenar una pandemia como ésta. Obvia el Vicepresidente que, sin llegar a frenarla del todo, otras muchas comunidades autónomas sí están siendo capaces de hacerlo.
Pío, pío, que yo no he sido
El hecho de que las declaraciones de Zapatero se realizasen en un contexto en el que estaba realizando un llamamiento a la «responsabilidad individual» de la población para frenar los contagios, sitúa al Ejecutivo madrileño en la postura de quien no considera que tenga responsabilidad orgánica, sino que la culpa es, exclusivamente, de «la gente».
Para terminar de eliminar toda responsabilidad del Ejecutivo y de su gestión al frente de la pandemia desde el momento en que se canceló el Estado de Alarma, Zapatero incidió en que «Todos conocemos comportamientos irresponsables como fiestas, botellones y tenemos constancia de incumplimientos de cuarentenas o aislamientos de casos de COVID-19».
Es muy significativo que la nota de prensa de la Comunidad de Madrid en la que se daban cuenta de estas declaraciones de Antonio Zapatero, mezclase en un mismo paquete comunicativo estas declaraciones junto con datos sobre el nuevo tipo de test de antígenos que la Comunidad va a empezar a utilizar; el anuncio (uno más) realizado por la Presidenta regional de que se iban a invertir 80 millones de euros en reforzar los recursos humanos en Atención Primaria; la valoración positiva del estado de este último servicio, destacando que «de los 163 consultorios locales, sólo 8 están sin actividad, por lo que derivan a los pacientes a los centros de salud de cabecera»; el dato de que «en estos momentos hay 130 brotes contabilizados, de los que 23 siguen activos»; la indicación de que «la media de edad de los contagiados se mantiene en torno a los 39 años, lo que indica que siguen siendo los jóvenes los más afectados por el coronavirus»; la información sobre la capacidad asistencial de los hospitales madrileños, en el sentido de que «nuestros hospitales y centros de salud tienen aún capacidad para atender las necesidades de los madrileños»; y unas declaraciones de la Directora de Salud Pública regional, Elena Andradas, asegurando que su servicio «ha indicado el aislamiento de los alumnos pertenecientes a 168 aulas, de las 35.000 existentes en la región, lo que representa el 0,5% del total».
Se trata, para una nota de prensa cuyo titular es «La Comunidad agiliza desde la próxima semana la capacidad diagnóstica en Primaria, Urgencias y residencias con los nuevos test de antígenos«, de un contenido extraordinariamente heterogéneo y que suena mucho más a una especie de «dación de cuentas» informal y no sujeta a preguntas de nadie.
Preocupación y caos
El problema de presentar las cosas en la forma que el Gobierno regional está haciéndolo, es que siembra la preocupación y el caos sin ofrecer nada cierto a lo que agarrarse. Amaga, pero no termina de dar, y deja a la población en la situación de quien quiere protegerse del golpe, pero no sabe por dónde le vendrá.
El alcalde de Rivas ya explicaba ayer, en rueda de prensa, que había tenido que «pedir por favor» al ministro de Sanidad, Salvador Illa, que instase al Ejecutivo madrileño a crear una comisión compuesta por la propia Comunidad, la Delegación del Gobierno y la Federación de Municipios de Madrid (FMM) para abrir una vía de información y coordinación normalizada, fiable y rápida desde la administración autonómica hacia los ayuntamientos. Si el ofrecimiento de Pedro Sánchez de abrir una vía de ‘cogobernanza’ de la Comunidad ante la escalada de la pandemia es resultado o no de esta súplica, no lo sabremos nunca, pero lo cierto es que la petición, que fue avalada por otros alcaldes de la región, habla por sí misma.
Esta gestión -y en muchos casos ‘no-gestión’- de la crisis sanitaria en la Comunidad de Madrid se ha venido supliendo por parte del Gobierno regional a base de declaraciones y anuncios, muchos de los cuales no se han visto hasta ahora cumplidos. Probablemente el mayor de ellos sea el de la contratación de 11.000 nuevos docentes para garantizar la enseñanza pública en el contexto creado por la pandemia. No parece que el Ejecutivo madrileño haya contratado a más de unos 2.500 profesores y profesoras, una cifra enormemente alejada de la anunciada a bombo y platillo tan sólo hace dos semanas.
La red de Atención Primaria se halla bajo mínimos en lo que a personal se refiere, siendo el pan nuestro de cada día las esperas de hasta una hora para ser atendido por teléfono, si es que se consigue. No hablemos de atención presencial, para la cual los centros de salud registran colas inasumibles. Sin embargo, el Ejecutivo, como queda dicho, se ampara en la apertura formal de la mayoría de los centros de salud para considerar que tiene la mejor de las atenciones primarias posibles.
En los centros educativos se procura, contra viento y marea, adaptarse al protocolo establecido más por los propios colegios que por la Comunidad, que dejó en manos de la dirección de cada uno de ellos la ‘interpretación’ de las someras indicaciones lanzadas desde la consejería de Educación. Nadie está dando respuesta a la pregunta del millón que se hacen cada vez más padres y madres: ¿qué pasará cuando vayan apareciendo los inevitables positivos, bien sea entre el alumnado, bien entre el equipo docente, administrativo o de servicios del centro? Los profesores que se encuentren en una clase en la que se haya registrado un positivo ¿tendrán que apartarse automáticamente para guardar una cuarentena, tal como indican los protocolos sanitarios? Y en ese caso ¿cuánto tardará en sustituirse a ese profesorado?
Y con todo este panorama, a la Presidenta Díaz Ayuso no se le ocurre otra cosa que venir a decir que buena parte de la culpa del crecimiento de la pandemia la tienen los latinos, cuyo ‘modo de vida’ (léase, las reuniones multitudinarias, la música, la fiesta…) está favoreciendo ese crecimiento.
Reacciones
El resultado es que hay ya en marcha una petición de firmas para pedir la dimisión de Isabel Díaz Ayuso, impulsada por personas de origen peruano y que ayer por la noche, tan sólo unas horas después de ser lanzada, contaba con cerca de 70 firmas de partidos, colectivos y asociaciones, más otras 170 aproximadamente de personas a título individual.
El resultado es un manifiesto de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM) en el que poco menos que se llama a la insumisión en caso de que se decrete un confinamiento sin que al mismo tiempo se adopten medidas reales para compensar las pésimas condiciones de vida y habitación de muchas de las personas que habitan Vallecas y otros barrios y municipios del Sur y Sureste madrileños.
Y el resultado es, también, el ofrecimiento de Pedro Sánchez para hacerse cargo de la situación. Si la actitud de Díaz Ayuso sigue la pauta marcada por ella misma hasta ahora, la oferta de Sánchez se convertirá en una trampa en la que se pedirá al Estado más dinero para la Comunidad y se gastará en privatizar más servicios y no en volver a levantar los públicos que han quedado casi arruinados. Se indicará al Gobierno que se ocupe de las ‘patatas calientes’ y le deje al Ejecutivo madrileño las ‘peritas en dulce’. Y al final, si se consigue revertir la situación, Díaz Ayuso dirá que ha sido a pesar de la cogobernanza, y no gracias a ella; tildará a Sánchez de ‘rojo bolivariano’ y le echará en cara que gobierne con ‘comunistas’ como Pablo Iglesias. Señalará como responsabilidad del Gobierno central todo aquello que haya salido mal o regular, y se adjudicará impúdicamente todo aquello que haya salido bien.
Mientras eso ocurre, o no, lo cierto es que una buena cantidad de quienes habitan el Sur y el Sureste de la Comunidad de Madrid han sentido como que a ellos, que son las víctimas de la que ya hay, alguien les declaraba otra guerra. La Guerra contra el Sur.
