Representantes del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid y de los ayuntamientos de Rivas y Madrid lo han firmado esta mañana, con la «firme voluntad» de ser un primer paso para empujar la solución al principal problema de la zona.
La alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ha sido esta mañana una de las firmantes del Protocolo General de Actuación para la puesta en marcha de un Plan extraordinario de realojos en la Cañada Real Galiana. Junto a ella, representantes del Gobierno de España, de la Comunidad de Madrid y del ayuntamiento de Madrid ciudad han estampado su rúbrica en un documento con vocación de ser un paso fundamental en dar solución al principal problema que suscita la Cañada Real Galiana en su estado actual: los realojos de las personas que, una vez incluidas en el censo realizado en 2012, han adquirido su derecho a una vivienda digna. Además de los firmantes, ha estado presente en el acto el Delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre.
La Alcaldesa ha señalado que el Pacto Regional sobre el que se fundamenta el protocolo firmado hoy es «el mayor pacto de consenso político institucional que se ha suscrito en la Comunidad de Madrid». Ha recordado que en aquel Pacto ya se contemplaba la realización de realojos subvencionados por las administraciones autonómica y de los municipios afectados por la extensión de la Cañada. De los cuatro municipios que entran en esa categoría (Getafe, Rivas, Madrid y Coslada) uno de ellos ya había integrado hace años su trazado en la trama urbana (caso de Coslada), y otro se ve mucho menos afectado por la existencia de infravivienda en su sector (caso de Getafe). Eran, pues, Madrid y Rivas los dos municipios que sí acumulan una gran cantidad de habitantes viviendo en condiciones de máxima precariedad.
Los realojos que en su momento se estimaron como realizables se basaron en el mencionado censo. A partir de aquel momento ha habido una actuación de las diferentes administraciones en materia de realojos, pero el ritmo ha sido muy lento. A ello se refería Castillejo cuando explicaba que «No se puede hablar de derecho a la vivienda sin que ese derecho se pueda materializar en un tiempo razonable». El protocolo firmado hoy pretende avivar ese ritmo.
La regidora ha explicado también que «es importante que se negocie y acuerde el convenio que sigue a este protocolo, para poder acordar plazos ciertos de ejecución que den garantías a las familias de Cañada». Unas familias que son, para Aída Castillejo, las «protagonistas de este proceso a partir de ahora» y a las que «hay que garantizar derechos hasta que puedan acceder a una vivienda». Entre esos derechos ha mencionado «la luz, el agua, la sanidad, la educación y el empleo».
Ha señalado, por último que el Ayuntamiento ha creado ya una mesa vecinal que empezará en breve a reunirse con las familias que viven en la Cañada, así como con las asociaciones y entidades que trabajan en la misma. Un trabajo que el Comisionado de Rivas para la Cañada Real Galiana abordará «con diálogo y de la mano» de todos los implicados.
Por su parte, el Consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha cuantificado en 239 las «familias ya realojadas» en este lapso de tiempo, a las que habría que añadir otras 28 que están en pleno proceso de realojo. La inversión por parte de las diferentes administraciones ha alcanzado, según el consejero, la cifra de 53 millones de euros.
330 millones de euros a repartir entre cuatro administraciones
Con el protocolo firmado hoy se reafirma un criterio seguido desde la firma del Pacto Regional y se cuantifica la cantidad de dinero que las distintas administraciones pondrán para acelerar el ritmo de realojos. En cuanto a lo primero, el criterio es el de reconocer que, tal como ha dicho Jorge Rodrigo, «Erradicar el chabolismo no consiste solo en dar una vivienda, sino también en realizar todo un trabajo de acompañamiento social» a las familias realojadas.
Este aspecto, que en su día fue motivo de una verdadera batalla que dio el Ayuntamiento ripense para lograr el Pacto Regional de la Cañada, está presente en todas las operaciones de realojo efectuadas hasta el momento. El propio Consejero ha estimado en más de 1.600 los realojos que faltarían por hacerse, y en unos diez años el plazo de tiempo a lo largo del cual cree que se realizarán.
En cuanto al importe que se ha acordado destinar al cumplimiento de este protocolo, la cifra asciende a 330 millones de euros, que se reparten a razón de 110 millones cada una la administración estatal y la autonómica, y otros 110 millones de euros que se reparten entre los ayuntamientos de Madrid y de Rivas Vaciamadrid, proporcionalmente a la incidencia de la Cañada en cada uno de ellos.
Por otra parte, la implicación del Gobierno de España en dar soluciones a la Cañada ha sido explicado por David Lucas, Secretario de Estado de Vivienda, como una iniciativa que «sin ser competencia nuestra, hemos adoptado porque somos conscientes de la gran dimensión» del problema que supone la Cañada Real.
