Ante las declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso sobre la priorización de la rebaja fiscal, la Federación ha analizado las posibles deducciones autonómicas por parte de los madrileños con discapacidad física y orgánica en el IRPF.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) reitera la necesidad de actualizar el marco de deducciones fiscales para las personas con discapacidad física y/u orgánica y sus familias en la Comunidad de Madrid, pues algunos gastos, como los que tienen que sufragar para sus cuidados, no contemplan este tipo de circunstancias, siendo las de mayor carga económica para ellos.
Tras realizar un análisis sobre las ventajas fiscales que disponen las personas con discapacidad en España, se ha observado que la única deducción autonómica a la que se puede acoger un madrileño, es la de por acogimiento no remunerado de mayores de 65 años y/o con discapacidad, obviando otras tan importantes como, la posibilidad de deducción por el cuidado de personas dependientes, deducciones de la vivienda habitual o los producidos por la compra de material ortoprotésico, no cubiertos por el sistema sanitario, entre otras cuestiones.
Según Javier Font, presidente de FAMMA, “Cabe recordar que, las personas con discapacidad o sus familiares, debido a su situación tienen que afrontar numerosos gastos que afectan directamente a la economía de las mismas, esto, sumado a las dificultades laborales a las que se enfrentan a diario este colectivo, provoca que no puedan hacer frente a los mismos debido a su bajo poder adquisitivo y los costes tan elevados a los que se enfrentan por su discapacidad”.
Ante las últimas declaraciones de la presidenta Isabel Díaz Ayuso tras su reelección, sobre la priorización en la rebaja del IRPF, la Federación publica un documento con una serie de aportaciones para que se pueda llevar a la práctica por parte de la Administración de la Comunidad de Madrid, según las competencias normativas que tienen atribuidas las Comunidades Autónomas. El documento será remitido a la Presidenta y a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid.
En palabras de Font, “El artículo 31.1 de la Constitución española establece que: ‘Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio’. Partiendo de este enunciado, es fundamental el recordar que las personas con discapacidad y sus familiares, debido a la situación que disponen, tienen que afrontar numerosos gastos que afectan directamente a su economía. Es por ello que, por parte de la Federación, hemos recogido una serie de aportaciones para que la Administración las pueda llevar a la práctica en su reforma fiscal”.
