Acusan a la consejería de Educación de trasladar «a los padres la responsabilidad de que los niños con discapacidad acudan al colegio». Familias con hijos con discapacidad afirman que las empresas de transporte les obligan a firmar documentos que las eximen de responsabilidades en caso que sus hijos se contagien en las rutas.
La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, (FAMMA Cocemfe Madrid) ha denunciado «el tratamiento que la Comunidad de Madrid está dando a los niños y niñas con necesidades educativas especiales, por no reforzar los centros educativos con el personal necesario y carecer de una alternativa no presencial viable para los alumnos con una salud más vulnerable al coronavirus».
La Federación considera responsable a la Consejería de Educación y Juventud por la «dejación de sus funciones», que puede estar propiciando «un retroceso de la integración de los niños y niñas con necesidades educativas especiales y su inclusión en el sistema educativo, que tantos años ha costado conseguir».
FAMMA reclama opciones formativas y asistenciales domiciliarias, con el apoyo técnico y humano necesario, para las familias que decidan no llevar a los niños con discapacidad al colegio, porque su salud así lo aconseje, en base a los altos riesgos para su vida, que conllevaría contraer la COVID-19 durante su escolarización.
La responsabilidad, en los padres
En palabras del presidente de la Federación, Javier Font, “Se está instando desde la administración regional a que los alumnos con necesidades educativas especiales, con patologías de riesgo, acudan o no al centro de estudios, según los criterios parentales, sin ningún tipo de alternativa para poder continuar con su formación en sus domicilios”.
Según se manifiesta desde la Federación, “tenemos una usuaria cuyos padres han decidido no escolarizarla porque el transporte escolar no se responsabiliza en caso de contagio de la COVID-19. Otros padres tampoco escolarizarán a su hija, por recomendación del pediatra, ya que padece una cardiopatía, pero nos preguntan si la Comunidad de Madrid tiene un plan B, que hoy por hoy no existe, para que su hija pueda seguir el curso en la distancia”.
Personal especializado
La Federación manifiesta que los hechos retratan el escaso compromiso de la Comunidad de Madrid con los alumnos con discapacidad, ya que el pasado lunes 7 de septiembre solamente se hizo un llamamiento de contratación de 74 profesionales de refuerzo de la atención a la diversidad, entre los 4.082 profesionales que la Comunidad de Madrid llamó para incorporar de refuerzo, con el objeto de abordar la vuelta a las aulas con menos alumnos por clase y con 2.500 profesores de baja por COVID-19. En el llamamiento ordinario del 9 de septiembre, se incluyó otra partida de refuerzo de 44 trabajadores para atención a la diversidad, que a todas luces parece insuficiente.
Para el presidente de FAMMA, Javier Font “Si antes de la pandemia ya hacían falta más profesionales para atender las necesidades de estos menores, porque no contábamos con los recursos tecnológicos ni profesionales para atender todas sus necesidades, ahora, en plena pandemia de COVID-19, estamos en peor situación”.
La entidad reclama al Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de Madrid, Enrique Ossorio, un protocolo específico para que los niños con discapacidad no pierdan las clases, y sus padres el trabajo, en caso de confinamiento, ya sea temporal por brotes, o permanente por motivos de salud. Para evitar esta situación, sería necesario contar con una estrategia de formación por Internet para estos casos, actualmente, inexistente.
Según declaraciones de Javier Font, “como sociedad no nos podemos permitir que en un segundo brote se vuelva a expulsar del sistema educativo a los alumnos con necesidades educativas especiales, por la falta de previsión para contar con los medios humanos y tecnológicos necesarios. Estos niños y niñas merecen una escuela no improvisada, normalizada, integradora y con todas las medias de seguridad para ellos”.
