Una moción del Partido Popular y el concejal no adscrito Antonio Sanz proponía una moratoria en la ampliación de las Zonas de Bajas Emisiones y la reversión a su estado anterior de las calzadas en las que se han implantado los nuevos carriles, eliminando éstos. Una enmienda a la totalidad de los tres partidos del Gobierno ha sustituido la moción original por otra en la que se mantienen estos carriles, aunque el Gobierno «escuchará las opiniones y propuestas de mejora» de quienes se oponen a ellos.
Los nuevos carriles bici implantados en las últimas semanas, se quedan en Rivas. Eso sí, el Gobierno se ha mostrado esta mañana dispuesto a «escuchar» a quienes se oponen a ellos y a estudiar medidas que corrijan posibles defectos en su implantación, o a mejorar la misma.
Ese es el resultado del debate realizado en el Pleno municipal de esta mañana, a raíz de una moción del Partido Popular y el concejal no adscrito Antonio Sanz, en la que se pedía una moratoria para la ampliación, anunciada desde hace meses, de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) más allá de las actuales existentes en torno a centros escolares; y también la reversión a su estado anterior de las calzadas en las que se han implantado los nuevos carriles bici, eliminando éstos.
Los tres partidos del Gobierno (IU-Equo-Más Madrid, PSOE y Podemos) han presentado una enmienda a la totalidad, en la que han planteado el mantenimiento de los carriles y el estudio de las condiciones en las que se ampliarán, en su momento, las ZBE. El protocolo parlamentario del Pleno marca que se debatan ambas propuestas, pero que se vote primero la enmienda. La votación ha resultado ser de 19 votos a favor y 6 en contra de esta última, por lo que, al ser aprobada, ha hecho decaer automáticamente la moción original del PP y de Antonio Sanz.
En el debate, tanto PP como Vox han recalcado, en lo que respecta a las ZBE, que la Ley de Cambio Climático carece de un desarrollo normativo sin el cual no debe realizarse una aplicación de estas zonas a nivel municipal. Por ello han solicitado la moratoria en la ampliación de estas zonas en tanto la normativa a nivel estatal no permita desarrollar la de nivel municipal. En lo relativo a los nuevos carriles bici, se ha criticado la implantación de los mismos tanto en su forma (sin consultar a la población, han argumentado) como en su tipología, por considerar que contribuyen a crear atascos donde no los había antes, y a contaminar más debido a esos atascos. También han resaltado los perjuicios que los carriles suponen para las tareas de carga y descarga, con el «consiguiente perjuicio para los comercios y empresas».
Por su parte, los portavoces de los tres partidos del Gobierno han incidido en que los carriles siguen las directrices marcadas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), aprobado en 2016 por unanimidad en el Pleno, así como en las recomendaciones derivadas de la Agenda 2030. En cuanto a las ZBE, han defendido la necesidad de ajustarse a la Ley de Cambio Climático y han recordado que precisamente no se ha desarrollado aún una normativa municipal a la espera de ver cómo se plasma la de nivel estatal. En lo relativo a los nuevos carriles, han venido a explicar que los cambios en la movilidad son un imperativo marcado por la realidad del cambio climático, pero también por las normativas aplicables (haciendo de nuevo referencia al PMUS). Han explicado, además, que los carriles bici existentes hasta ahora no están pensados para cumplir funciones de movilidad alternativa a los coches, y que eso es lo que explica el que se haya optado por estos nuevos tipos.
Quizás lo más relevante en el discurso de los miembros del Ejecutivo local ha sido la general afirmación de estar dispuestos a «escuchar» a la población que se opone a los nuevos carriles y a «estudiar posibles mejoras» en ellos. En particular, el concejal de Movilidad, Luis Altares, ha asegurado que está dispuesto a «considerar modificaciones» en la ubicación, tamaño y normativa aplicable a las zonas de carga y descarga, para facilitar ésta an la mayor medida posible.
