Presentada por Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito, los partidos del Gobierno municipal argumentaron que sólo beneficiaría a las grandes empresas. Tanto IU como PSOE y Podemos señalaron que no será posible la conciliación con la legislación autonómica vigente que liberaliza totalmente los horarios de apertura del comercio.
La moción presentada ayer al Pleno municipal por Ciudadanos, PP y el concejal no adscrito, Antonio Sanz, y que pretendía el establecimiento de un «sello de calidad» creado por el Ayuntamiento que sirva para certificar el cumplimiento, por parte de las empresas, de un catálogo de buenas prácticas que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral, fue desechada por el Pleno con los 8 votos a favor de los proponentes, 16 en contra de IU-Equo-Más Madrid (IU-E-MM), PSOE y Podemos y la abstención de la concejala de Vox.
Teresa Cintora, concejala de Ciudadanos que presentó y defendió la moción, se esforzó para convencer al resto de grupos de que la moción otorgaría a las empresas que cumpliesen con las buenas prácticas que se codifiquen, un plus de solvencia ante la población, lo que redundaría en beneficios para las mismas y, al mismo tiempo, supondría una facilitación de la conciliación laboral y familiar para sus trabajadores.
No fue ese el criterio de los tres partidos del Gobierno local, quienes coincidieron en señalar que no se puede pretender fomentar a nivel municipal lo que se anula en la práctica a nivel autonómico. Se referían a la legislación que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso puso en pie liberalizando totalmente los horarios de apertura del comercio, seguramente los que más impiden esa conciliación.
Además, las tres fuerzas de izquierda coincidieron también, con distintos matices, en valorar la propuesta como un intento de favorecer a las grandes empresas, únicas que, según argumentaron, pueden realmente combinar el cumplimiento de algunas prácticas de conciliación con el mantenimiento de horarios de apertura muy dilatados, incluyendo domingos y festivos. En ese terreno, según los miembros del Gobierno local, el pequeño comercio y las pequeñas empresas en general no pueden competir, viéndose ahogadas más aún si cabe.
