La moción, presentada inicialmente por el Partido Popular, recibió aportaciones de Izquierda Unida – Los Verdes y del PSOE, que fueron aceptadas por la ponente popular, Janette Novo. El texto enmendado mandata la creación de una comisión que redacte la normativa por la que las unidades familiares con todos sus componentes en paro, con empleo precario o dependientes de una pensión mínima de jubilación, puedan acogerse a un sistema de compensación del importe del IBI del ejercicio en curso.
La moción original presentada por el Partido Popular resultaba de un alcance mucho más reducido, ya que se planteaba conceder esa compensación a las familias cuyos miembros estuvieran todos en paro, y que además estuvieran al corriente de pago del IBI en los ejercicios anteriores. Las aportaciones de IU-LV y del PSOE incorporaron el resto de las condiciones mencionadas. Lo que sí se mantuvo fue la propuesta de los populares en el sentido de que se llevaran a cabo de manera inmediata los trámites necesarios para poner en práctica lo aprobado, abriéndose a la mayor brevedad un plazo de información pública al respecto.
El debate de la moción resultó un tanto rocambolesco, ya que una enmienda a la totalidad que había presentado el grupo municipal socialista pocos minutos antes de comenzar el Pleno, no había sido contemplada por los ponentes. El Alcalde recurrió a una reunión de urgencia de los portavoces en mitad del Pleno, que fue suspendido durante unos minutos mientras aquellos conversaban fuera de la sala. Al finalizar la breve reunión, los acuerdos adoptados en ella, que parecían incluir la aceptación por parte de la ponente popular, Janette Novo, de las aportaciones tanto de IU-LV como del PSOE, estuvieron a punto de irse a pique al echar en cara la concejala popular a los socialistas que hubieran presentado su enmienda minutos antes de comenzar el Pleno, lo que para Novo implicaba que «no tenían ustedes ninguna voluntad de llegar a un acuerdo».
El portavoz socialista, Guillermo Magadán, no recibió bien la reconvención, por lo que embistió contra el contenido de la moción original del PP. El debate se fue agriando hasta el punto de llegar un momento en que pareció que el acuerdo se venía abajo. Los buenos oficios del Alcalde, José Masa, invitando a unos y otros a suavizar el tono del debate, consiguió finalmente que se volviera a aceptar lo que aparentemente se había pactado en la reunión corta celebrada unos minutos antes.
Como resultado de ello, tanto las aportaciones del grupo de IU-LV (que sí habían sido conocidas con anterioridad por la representante de los populares) como las del PSOE, fueron aceptadas de viva voz por la concejala del PP, quedando su materialización pospuesta hasta que una comisión que debe crearse a tal efecto, redacte el texto y desarrolle la normativa a aplicar.
En el último momento surgió una duda, cuando la interventora municipal avisó al Alcalde de que en su opinión la moción, en caso de aprobarse, podía incurrir en ilegalidad, por entenderse que la subvención era un procedimiento buscado ex-profeso para burlar la prohibición legal de eximir de impuestos a cualquier ciudadano. La cuestión quedó zanjada por Masa al explicar que en la votación llevada al efecto (que registró un apoyo unánime a la moción modificada por las aportaciones) no se estaba aprobando aún ninguna nueva norma, sino que se dejaba el estudio de la misma a una comisión técnica que debería velar para que no se incurriera en ilegalidad alguna.
