Con los votos a favor de los partidos del Gobierno local y la abstención de parte de Ciudadanos y de Vox, se aprueba una medida que, según la concejala de Urbanismo, está destinada a «garantizar que quienes siguen viniendo a vivir a Rivas tengan la calidad de vida que ya tenemos quienes vivimos aquí desde antes».
Suspender las licencias de obra durante un año (con la posibilidad de prorrogarlo a otro más) siempre resulta una medida alarmante. En el Pleno municipal celebrado esta mañana, último del curso político, los representantes de los distintos partidos así lo han demostrado, por el contenido y enfoque de sus intervenciones.
La suspensión cautelar de licencias de obra en el sector del Cisto de Rivas (pegado al barrio de La Luna, pero que la mayoría de la población percibe como una misma barriada) obedece, según el Gobierno local, proponente de la medida, a «los desequilibrios que se vienen produciendo en la zona». Desequilibrios que, según las intervenciones en el Pleno, afectan tanto a la falta de construcción de infraestructuras fundamentales, como a la alteración producida por nada menos que trece modificaicones parciales del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) relativas al tipo de construcción factible en el área, «la mayoría de ellas solicitadas por las empresas promotoras y constructoras», según reveló Pilar Alonso, concejala de Urbanismo y ponente de este punto del orden del día.
Entre las infraestructuras más relevantes que no están realizadas, el Gobierno local menciona la permanencia de la subestación eléctrica que Unión Fenosa mantiene en la zona y que desde hace años debería haber sido trasladada a otra ubicación (en marzo de 2019 la Junta de Gobierno Local aprobó el traslado); la terminación de la Avenida de la Democracia, comprometida precisamente por la ubicación actual de la subestación eléctrica; la construcción de un tanque de tormentas en la misma zona; canalizaciones de gas y agua, dependientes de las empresas correspondientes (Gas Natural y Canal de Isabel II); el ansiado enlace con la M50; la construcción del anunciado cuarto centro de salud, con urgencias extrahospitalarias y especialidades incluidas; ý la terminación del CEIPSO La Luna, licitada por la Comunidad de Madrid pero cuyas obras aún no tienen fecha de finalización.
Para el Gobierno municipal, todas estas carencias ponen en peligro el correcto desarrollo de la zona, así como una de las joyas de la corona, mil veces anunciada pero siempre pospuesta: la realización del Polígono Industrial Norte. Un desarrollo basado en el modelo de polo de empresas tecnológicas que ha resultado paralizado, primero, por la crisis económica de 2008, que canceló en la práctica la mayor parte de las inversiones de las empresas; posteriormente por la pandemia actual; y, por último, en opinión del Gobierno, por la no terminación de las actuaciones urbanísticas en la zona y por la carencia de recursos empresariales que algunas de ellas implican.
Servicios públicos frente a intereses particulares
En las intervenciones en el Pleno se dibujó una controversia que enfrentaba claramente la defensa de los servicios públicos para la ciudadanía, tanto la ya existente en Rivas como la que vendrá a vivir a la ciudad, con la preocupación por los intereses de las empresas que puedan ver paralizada la concesión de licencias de obra durante el próximo año al menos. Y junto a los intereses de esas empresas, una preocupación por los puestos de trabajo que se perderán y los perjuicios para las personas que ya hayan adelantado un dinero a las promotoras para una vivienda cuya licencia aún no está concedida.
Tanto el portavoz del PP en este tema, Francisco Gallardo, como la de Vox, María Ángeles Guardiola, reiteraron en sus dos intervenciones la necesidad de respetar los intereses particulares en la toma de medidas relativas a esta suspensión.
La respuesta del Gobierno quedó clara tanto en la intervención de la concejala de Urbanismo como del propio Alcalde: es una irresponsabilidad (en palabras de Pedro del Cura) pedir dinero a los aspirantes a adquirir una vivienda, sin que ésta cuente con la pertinente licencia de obra. En ese sentido, el Alcalde aclaró que probablemente las personas que se encuentren en esa situación tendrán que ser indemnizadas por las promotoras que han recogido dinero por este concepto. Por otro lado, ambos responsables insistieron en que siempre ha habido «y seguirá habiendo» una «constante interlocución» con las empresas que actúan en la zona.
Para los miembros del Gobierno local, sin embargo, se trata de «parar para poder hacer adecuadamente las modificaciones necesarias» en el PGOU que solucionen el problema de asignación e intensidad de usos del suelo, previendo nuevas asignaciones que garanticen la existencia de las necesarias zonas verdes y de las dotaciones que el incremento de viviendas previsto aconseja. A este respecto, Pedro del Cura recordó que «hay prevista la construcción de unas 4.000 nuevas viviendas en toda esta zona, lo que supone alrededor de 15.000 personas más que en su momento vendrán a vivir a Rivas». Personas a las que «tenemos la obligación de garantizar que contarán con similares niveles de calidad de vida a los que disfruta el resto de la población de la ciudad». Y concluyó el regidor: «Con la situación actual, quienes vengan a vivir a la ciudad no tienen garantizado que puedan llevar a sus hijos a un colegio en el municipio, ni que puedan atender adecuadamente sus problemas de salud».
Ciudadanos, dividido
En el punto se estrenó Jorge Badorrey como portavoz de Ciudadanos. Recibió la bienvenida del Alcalde en calidad de tal, de igual forma que el anterior portavoz, Bernardo González recibió el agradecimiento «por sus aportaciones» al Pleno.
Sin embargo, la sorpresa apareció en la votación final del punto, que contó con el voto a favor de las tres formaciones que componen el Gobierno local (16 votos de IU-Equo-Más Madrid, PSOE y Podemos), la abstención de la portavoz de Vox (nada coherente con las furibundas críticas a la medida mostrada en sus intervenciones) y de cuatro de los cinco concejales de Ciudadanos, cuyo portavoz había pedido «la máxima seguridad jurídica en las actuaciones que se realicen» al amparo de esta medida, pero también había asegurado comprender el fundamento de la misma; y el voto en contra del PP (anunciado en sus intervenciones), del concejal no adscrito, Antonio Sanz y de Bernardo González, que se ha convertido con ello en el primer concejal que vota en sentido contrario al marcado por su grupo desde la división en el seno de Izquierda Unida en la legislatura 2011-2015.
Debate sobre modelo de ciudad para septiembre
Al finalizar las intervenciones de los portavoces, el Alcalde realizó la suya propia. En la misma valoró las realizadas por el PP, Vox y el concejal no adscrito, Antonio Sanz, como defensoras de los intereses de las empresas: «Cuando nos aprietan las tuercas los dueños de empresas, qué rápido dejamos de representar a los vecinos», dijo el regidor.
Pero también reconoció que, más allá de la urgencia que el Gobierno valora en este tema, «es necesario un debate abierto» sobre el modelo de ciudad. Un debate que anunció se llevaría a cabo «a partir del próximo mes de septiembre» y que tendrá como objetivo un acuerdo de partidos y ciudadanía sobre «cómo debe ser nuestra ciudad en el futuro para hacerla sostenible».
