Según se ha podido saber recientemente, el Tribunal Supremo declaró, el pasado mes de septiembre, nulo de pleno derecho el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Regional del Sureste por vulnerar la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad. La Comunidad de Madrid se saltó la obligación de hacer consultas preceptivas a los Ayuntamientos afectados por el Parque Regional. Contra esta sentencia no cabe recurso y por tanto la Consejería de Medio Ambiente deberá tramitar y aprobar un nuevo PRUG, esta vez, en los términos marcados por la ley.
El Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) es el documento que regula los usos permitidos en el Parque Regional del Sureste. Este texto se aprobó sin los preceptivos informes, no vinculantes, de los ayuntamientos afectados por el mismo. Ahora la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha procedido a anular el PRUG debido a ello. El PRUG, de esta forma, ha contravenido lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 42/2007 de Patrimonio Natural y Biodiversidad que obliga a que las Administraciones Públicas con competencias en materia de urbanismo hagan un informe preceptivo a la aprobación de los Planes de Gestión. Los principales responsables de la aprobación del PRUG fueron Ana Isabel Mariño -anterior Consejera de Medio Ambiente y actual Consejera de Empleo, Turismo y Cultura – y Federico Ramos – por entonces Director General de Medio Ambiente y actual Secretario de Estado de Medio Ambiente-.
En la sentencia el TS señala que “no existe razón alguna para que (la Comunidad de Madrid) prive a los Ayuntamientos afectados de intervenir”. “No sólo por el contenido del PRUG sino por la incidencia que tiene sobre el planeamiento urbanístico, ya que cuenta con superior rango normativo”, agrega. Pese a la nulidad, la página web de la Consejería de Medio Ambiente sobre el Parque sigue teniendo colgado, a día de hoy, el texto del PRUG, como si nada hubiese ocurrido
La vulneración de distintos artículos de la propia ley del Parque Regional del Sureste ha ocasionado que diversos colectivos ecologistas y empresas de extracción de áridos ubicadas en la zona hayan interpuesto varias demandas judiciales por cuestiones referidas a la permisividad de la caza en zonas protegidas, al retraso en el traslado de las graveras en suelos incompatibles, a la instalación de campos de golf, a la ausencia de contestación a las alegaciones al PRUG o al relleno de graveras con escombros y lodos de tuneladoras. De hecho, debido a insuficiencias del PRUG, que reconoció el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Medio Ambiente debió pagar miles de euros en indemnizaciones a propietarios de derechos de caza que se vieron perjudicados por el reglamento.
Los colectivos ecologistas ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción, GRAMA y Jarama Vivo han hecho pública una nota enla que exigen al Gobierno Regional que la tramitación y aprobación de un nuevo PRUG sea realizada «siguiendo lo marcado por la ley y que no sirva de nuevo para saciar intereses particulares ajenos a la conservación de este espacio natural protegido».
