Una misiva del consejero de Interior de la Comunidad a los 179 ayuntamientos de la Comunidad y a la Delegación del Gobierno reclama «más implicación» en la tarea de acabar con los ‘botellones’, recordándoles que es una actividad prohibida legalmente. Al mismo tiempo el Gobierno de Díaz Ayuso envía una carta al Gobierno central pidiéndole que establezca una línea de ayudas para los locales de ocio nocturno que, según las últimas medidas acordadas por todos los presidentes autonómicos, deberán cerrar al público hasta nueva orden. El Consejero pide también a los ayuntamientos implicación en la «identificación de asintomáticos», tarea para la que recientemente adjudicó un contrato «exprés» a una empresa privada.
La Comunidad de Madrid ha pedido la colaboración de los alcaldes de los 179 municipios de la región y del Delegado del Gobierno en Madrid para hacer frente a las aglomeraciones festivas, las reuniones en parques de ocio y los botellones, una «práctica de alto riesgo en lo que la propagación del COVID-19 se refiere y que, por otro lado, está prohibida desde el año 2002, cuando entró en vigor la ley de Drogodependencias y otros trastornos adictivos», según una nota de prensa de la Comunidad hecha pública ayer, martes, en la que da cuenta de la carta enviada al respecto por el consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo regional envió, también ayer, una carta al Gobierno central, firmada por la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, en la que se insta al Ejecutivo de Pedro Sánchez a la «adopción de medidas económicas en apoyo del sector de ocio nocturno». La consejera se hace eco en su misiva de los datos aportados por «fuentes del sector», según los cuales «las medidas de cierre están poniendo en peligro hasta 200.000 empleos y 25.000 empresas». La nota de prensa de la Comunidad recuerda que «Solo en la Comunidad de Madrid el ocio nocturno representa el 1,6 por ciento del PIB regional, con 3.500 millones de euros de facturación, generación de 20.800 puestos de trabajo y más de 2.600 empresas».
«Más implicación»
Respecto a la primera de las cartas, la dirigida por el responsable regional de Interior a los ayuntamientos y a la Delegación de Gobierno, Enrique López ha solicitado la implicación de éstos para «intensificar su trabajo y así plantar cara a los nuevos retos que plantea actualmente esta pandemia, como son la identificación de asintomáticos, la protección de los afectados y la prevención de los más vulnerables».
La Comunidad de Madrid reconoció públicamente, en fecha reciente, su incapacidad para hacer frente a la tarea de identificación de asintomáticos (la conocida como labor de «rastreo»), debido a lo cual adjudicó por vía de emergencia un contrato de más de 200.000 euros a lo largo de tres meses a una empresa privada, para realizar esa tarea.
Para López, “el trabajo a pie de calle de los ayuntamientos es clave y su labor pedagógica con los jóvenes sobre su vulnerabilidad y capacidad de trasmisión resulta fundamental”. “Esta labor, junto al necesario control administrativo de determinadas prácticas y la coordinación con otras administraciones, nos va a permitir conseguir que más pronto que tarde llegue una solución a la pandemia”.
En unas declaraciones hechas públicas por Comunicación del Gobierno regional, López se muestra especialmente insultante con el Delegado del Gobierno, de quien sugiere que «no cumple con sus responsabilidades» y que está más preocupado por «ejercer de oposición al Gobierno de la Comunidad de Madrid».
En defensa del sector del ocio nocturno
En cuanto a la carta enviada al Gobierno central por la consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, en ella se hace referencia a la decisión, tomada por unanimidad de las y los presidentes de comunidades autónomas de toda España, de adoptar una serie de medidas ante la nueva escalada del coronavirus en el país. Entre esas medidas está la del cierre de locales de ocio nocturno, al haberse identificado la actividad realizada en ellos en las últimas semanas como una de las más peligrosas de cara a la aparición de nuevos brotes de COVID-19.
Sin embargo, la carta no hace mención alguna a la aceptación de dicha medida también por parte de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso. Por el contrario, se explica en términos de «la decisión de instar a las comunidades autónomas a suspender las actividades de estos locales».
En la nota de prensa hecha pública por la Comunidad de Madrid dando cuenta de esta carta no se encuentra expresión alguna de preocupación por la continua escalada de nuevos brotes de COVID-19 en la región, a excepción de una leve y confusa alusión en un párrafo: «La consejera, partiendo del objetivo principal en estos momentos de preservar la salud de los ciudadanos, añade que la decisión adoptada por el ministerio de Sanidad <<obliga a estas empresas a asumir cierres temporales sin conocer bajo qué circunstancias podrán retomar su actividad (…)>>», [negritas de este medio]. La nota de prensa no está acompaña por el texto completo de la carta enviada al Gobierno central.
