El Plan prevé sacar antes de finales de año los pliegos de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo para construir las primeras viviendas del ‘Plan Vive’. El Ejecutivo señala «La seguridad jurídica, financiación suficiente y estable y reducción de trabas burocráticas» entre los principales retos. El presidente de la Federación Madrileña de Municipios considera «sin sentido» un Pacto para el que no se cuenta con los ayuntamientos, «que son los que tienen las competencias de diseño urbanístico de sus ciudades».
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presidió ayer en la Real Casa de Correos la firma del Pacto Regional por la Vivienda, un acuerdo en colaboración con los principales agentes inmobiliarios de la región con el que el Gobierno regional marca las pautas de actuación a seguir en este sector, «clave para la recuperación económica
madrileña como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19». Se trata, según la nota de prensa emitida, del «pilar de otros futuros pactos» para paliar «los efectos económicos y sociales de la pandemia, impulsar el sector inmobiliario y facilitar un derecho institucional, el acceso a la vivienda».
Siete ‘pilares’ del Pacto
El Pacto se asienta sobre siete pilares que buscan «contribuir a crear empleo y riqueza en la Comunidad de Madrid a través de un sector que genera el 7% del empleo directo, el 15% del indirecto, y aporta hasta el 10% del PIB madrileño», según la nota. Así, en primer lugar, se va a ahondar en la fórmula de colaboración público-privada «como medio eficaz para movilizar todos los recursos disponibles que reactiven el sector para cumplir con el fin público de generar vivienda digna a un precio asequible».
También se contempla una adecuada fiscalidad en materia de vivienda, ya que la repercusión de los impuestos sobre el precio final de la vivienda puede oscilar hasta en un 25% de su valor. El Gobierno regional y el sector consideran imprescindible «desarrollar políticas fiscales que bonifiquen y promuevan la vivienda, ya que redundará en un mayor volumen de actividad, generando así mayor recaudación».
El tercer punto pasa por fomentar un mayor apoyo a la vivienda social «creando las condiciones que permitan seguir incrementando el parque público, en un entorno de dificultad presupuestaria como el actual, y colaborando con el tercer sector en cuanto a situaciones de vulnerabilidad social».
La cuarta de las medidas recogidas en este Pacto contempla la necesidad de llevar a cabo una modernización administrativa. «La burocracia en materia de suelo y vivienda provoca cuellos de botella que, junto con la dilación en el tiempo, ponen en riesgo los proyectos inmobiliarios y los de los propios residentes además de encarecer el precio final», explica la nota.
La seguridad jurídica es el quinto de los puntos acordados, «teniendo en cuenta que en un momento de incertidumbre económica como el actual, el sector debe de contar con un clima de seguridad que favorezca la atracción de nuevas inversiones y la implantación de nuevos negocios y proyectos inmobiliarios que generen riqueza y empleo». Para ello, «hay que disponer de un marco regulatorio, estable, transparente y equilibrado que atraiga dicha inversión».
Igualmente, «es necesario contar con una financiación suficiente y estable. El acceso a la vivienda, especialmente a la primera, debe facilitarse con un sistema financiero e hipotecario que posibilite su promoción, tanto en régimen de compra como de alquiler. El objetivo es tener un espacio en el que compradores, arrendatarios y promotores puedan convivir de manera armónica evitando tensiones en el mercado que altere el alza en los precios».
Por último, y como consecuencia de la crisis originada por el COVID-19, «el sector vive un momento de oportunidad para llevar a cabo una transformación y actualización, propiciando la consolidación definitiva de su profesionalización, mediante la formación dual en la construcción como base, la extensión del I+D, y la apuesta por una industrialización creciente con la consecuente creación de un nuevo tejido productivo».
14 asociaciones empresariales y ningún ayuntamiento
El presidente de la Federación de Municipios de Madrid (FMM), Guillermo Hita, ha declarado a RIVAS ACTUAL que considera el pacto firmado como algo «sin sentido». Para el también regidor de Arganda del Rey, esta iniciativa de la presidenta de la Comunidad vuelve «a la política de realizar pactos sin contar con nadie. Ahora se trata de un Pacto por la Vivienda sin hablar con la oposición, con los sindicatos y, sobre todo, sin hablar con los municipios de la Comunidad de Madrid».
Hita se pregunta «¿Qué sentido tiene firmar un Pacto por la Vivienda en la Comunidad de Madris si no son conocedores del mismo los alcaldes y alcaldesas de la Comunidad Autónoma, que son quienes tienen las competencias en cuanto al desarrollo urbanístico de su ciudad?». El presidente de la FMM considera que «esto es otro brindis al sol» de la presidenta Isabel Díaz Ayuso y recuerda que «para pactar algo hay que tener alguien con quien pactar, de lo contrario no puede hablarse de pacto».
El Pacto ha sido rubricado por la Asociación Española de Empresas de Consultoría Inmobiliaria (ACI); Asociación de Gestoras de Viviendas (AGV); Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias (AMADEI); Asociación de Inmobiliarias con Patrimonio en Alquiler (ASIPA); Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA-APCE); Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL); Asociación Española de Promotores Públicos de Vivienda y Suelo; Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM); Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Madrid (COAPI); Confederación de Cooperativas de Viviendas y Rehabilitación de España; Federación de Cooperativas de Vivienda y Rehabilitación de la Comunidad de Madrid (CONCOVI–FCV); Distrito Castellana Norte (DCN); el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA); y la Asociación Women in Real State Spain (WIRES).
